Un día después de que el presidente de Colombia Gustavo Petro anunció que su Gobierno compraría la coca producida en 12.600 hectáreas de la zona de El Plateado, en el departamento del Cauca, los precios de la pasta base amanecieron duplicados.
Según datos del último informe de Fundaredes «Contexto Fronterizo», 98% de las ejecuciones extrajudiciales que se registran en estados fronterizos pasan «desapercibidos» por el Estado venezolano, y es el mismo Estado el que permite que operen bajo su «mirada silente».
El reciente monitoreo realizado por la ONG Fundaredes para el Informe Contexto Violento, destaca que en el mes de junio la violencia criminal, oriunda de distintas agrupaciones delictivas, se ha extendido a estados como Mérida, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Guárico, Barinas y Monagas, sumándose a otros seis para un total de 14 estados violentos de 23.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela desactivó más de 900 minas antipersona de fabricación casera conocidas como «quiebrapatas» en el estado occidental de Apure, fronterizo con Colombia, por grupos armados originarios del país andino, informaron este lunes fuentes castrenses.
A través de un comunicado público, comunidades indígenas del estado Bolívar -sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepuy y Hoboshirima-, rechazaron los atropellos de grupos armados irregulares y «Consejos Comunales» y pidieron al gobierno de Maduro que se haga cargo de la minería «de una vez por todas» y que no la deje en manos de estas organizaciones.
Caracas.- El ministro del Interior de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, replicó este martes al Gobierno de Colombia, que acusó a Venezuela de dar refugio a las guerrillas de la nación andina, al asegurar que no aceptan a grupos armados y los combaten. No obstante, organizaciones como Fundaredes han mostrado pruebas de grupos armados dentro del país, y sus integrantes han sido perseguidos y detenidos, como ocurrió con Rafael Tarazona y los activistas de esa ONG.
El opositor Eduardo Battistini señala que los hechos de violencia que han ocurrido en Arauca en las últimas horas “evidencian nuevamente cómo la convivencia y complicidad del régimen de Nicolás Maduro genera violencia, muerte y desplazamiento de la población civil” entre Colombia y Venezuela.
Las autoridades migratorias del departamento colombiano de Norte de Santander denunciaron este miércoles que tienen «certeza» de que los grupos al margen de la ley que delinquen en la frontera con Venezuela están reclutando a menores migrantes para usarlos en los cultivos y laboratorios de coca.
Una investigación independendiente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que más de 90 grupos armados hacen vida en Colombia y entre sus filas hay más de 10.000 combatientes.
Este viernes el defensor de DDHH y abogado Rafael Narváez aseveró que el gobierno actual no dispone de organismos de seguridad competentes para controlar y solventar situaciones como las registradas desde miércoles pasado en la Cota 905 en las que se señala a bandas lideradas por el Coqui como las causantes. También señaló que estos cuerpos de seguridad son incapaces de aprehender a los jefes de esos grupos criminales.
La presidente de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseveró este miércoles que la Fanb demuestra su “incapacidad” para controlar el 70% del territorio venezolano, tras el conflicto en Apure, y reitera que los grupos armados podrían continuar expandiéndose en el país.
El ministro oficialista de Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo este miércoles que Nicolás Maduro pidió una respuesta contundente que “daremos” contra grupos armados en la frontera. El vocero no mencionó homenajes ni nada más detallado en torno a la muerte de los 12 soldados venezolanos que fueron emboscados por disidencias de las Farc en Apure.
La ONG venezolana FundaRedes denunció este martes que varios grupos armados irregulares se están expandiendo por el país mientras los militares combaten en la frontera con una banda que la asociación identifica como disidentes de las FARC, uno de los que están creciendo en el país.
Caracas, 27 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este sábado que prosigue el operativo militar contra grupos irregulares armados en el estado Apure, fronterizo con Colombia, al tiempo que reiteró su intención de desalojar de su territorio a cualquier organización extranjera que genere violencia.
El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, insistió este lunes en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es cómplice de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC, y lo acusó de ser un enemigo de la implementación de la paz.
Capitanes de comunidades indígenas Pemón, Kariña, Arawako y Akawaio solicitaron este miércoles a la administración de Nicolás Maduro el desalojo de mineros que llegaron a San Luis de Morichal, municipio Sifontes en Bolívar, debido que los mismos y grupos armados -dijeron- tomaron esa comunidad.
La abogada de DDHH, Rocío San Miguel, alertó este martes sobre la expansión de los grupos armados en el país debido a que los controles del Estado son tan débiles que incentivan al crecimiento de estos.
A través de un video, representantes de «La Base del Perú», grupo armado de El Callao pidieron a Maduro frenar los atropellos y asesinatos ejecutados por militares y policías en las minas del estado Bolívar.
El informe anual de Fundaredes que será presentado este lunes, denuncia que sigue la captación de niños y adolescentes en instituciones educativas para usarlos como parte de su red y aseguró que en 2019, al menos 15 mil fueron reclutados.
53 comunidades indígenas del Caura y Erebato en el estado Bolívar, denunciaron los abusos y violencia que sufren a causa de grupos armados en sus territorios, por lo que dieron 72 horas para que abandonen sus tierras pacíficamente.
