La líder opositora María Corina Machado dijo la noche del martes que, ningún país del mundo debería comprar petróleo a Venezuela, porque Nicolás Maduro usa esos ingresos para la «represión» y «comprar armas».
«Hoy no, absolutamente no. Porque ese es un dinero que va para la corrupción y la persecución», sentenció en entrevista con FOX News.
En este orden, sostuvo que Donald Trump envía un mensaje contundente a Nicolás Maduro al suspender las licencias a trasnacionales que operan en el país.
«Al tomar la decisión de cortar el flujo de dinero que entraba a Maduro para pagar armas, pagar matones o para su propaganda de terror, le está cerrando el flujo de efectivo. El régimen empieza a entrar en tensión y fracturarse», dijo pese a que la experiencia en otros países como Cuba, ha demostrado que las sanciones no logran cambios políticos.
«Trump le está diciendo al mundo entero que Maduro es un sistema militar y que no debe haber flujo de fondos que financien su trama criminal».
Además, Machado acusó a Maduro de «exportar fraudes electorales», como según dijo, intentó hacer en las recientes elecciones presidenciales de Ecuador.
Venezuela podría perder el 45 % de sus ingresos petroleros debido a nuevas sanciones
La incertidumbre generada por el cambio en las licencias y la suspensión de operaciones de empresas clave como Chevron, Repsol y Maurel & Prom plantea un escenario complejo para el sector petrolero venezolano.
Así lo advirtió un grupo de destacados expertos en la materia, quienes discutieron, vía telemática, el nuevo “Régimen de sanciones y escenarios de la industria petrolera venezolana” en un encuentro convocado por la organización civil “Ideas para Venezuela”, fundada por el exdiputado Elías Matta.
En este evento participaron más de 60 especialistas, junto al economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para las Américas del prestigioso “Baker Institute”.
Los expertos analizaron las implicaciones de las recientes políticas de sanciones impuestas por Estados Unidos, que parecen continuar con la estrategia de «máxima presión» promovida durante la administración Trump.
El Dr. Monaldi destacó que la anulación de licencias de exportación no solo afecta los flujos de ingresos de PDVSA, sino que también compromete la producción futura de petróleo, aumentando el riesgo de una caída significativa en la economía venezolana.
Según sus estimaciones, si la producción se reduce en unos 100.000 barriles diarios, el Producto Interno Bruto (PIB) podría disminuir entre un 2% y un 5% en el corto plazo, lo que equivaldría a una pérdida aproximada de 4 mil millones de dólares, el 45% de los ingresos petroleros totales proyectados para 2025.
Monaldi advirtió que la industria enfrentará dificultades para atraer inversiones extranjeras, especialmente por parte de empresas chinas y rusas, que hasta ahora han mostrado poco interés debido a la inestabilidad política del país y a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. “Esto podría traducirse en un aumento en los descuentos aplicados por los compradores del crudo venezolano en el mercado asiático, dificultando aún más la capacidad de PDVSA para generar ingresos sostenibles”, explicó.
Además, alertó sobre la falta de diluyentes necesarios para la producción de crudo, lo cual podría provocar una caída adicional en la capacidad productiva. “El cierre de operaciones por parte de Chevron y los aranceles secundarios —que pueden elevar significativamente los costos— plantean un panorama sombrío para las exportaciones venezolanas”, agregó.
Ante este contexto, los expertos concluyeron que el futuro del sector petrolero en Venezuela dependerá en gran medida de una estabilidad política que facilite el restablecimiento de relaciones con inversionistas internacionales y permita recuperar un mercado más estable. Sin estos cambios, advirtieron, es probable que el país enfrente una recesión prolongada en los próximos años, con profundas repercusiones en su economía y en el bienestar de su población.
