Rafael Tarazona, a Maduro: Usted tiene el poder de darle la libertad a mi hermano
Los familiares del director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, a quien Amnistía Internacional (AI) catalogó como «preso de conciencia», pidieron al presidente Nicolás Maduro su liberación «inmediata», tras 173 días detenido, acusado de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
En un vídeo publicado en Twitter, Rafael Tarazona, hermano del activista y quien también enfrenta los mismos cargos, pero bajo régimen de presentación, solicitó al mandatario venezolano, «en vísperas de la Navidad», la libertad para su familiar.
«Vengo a pedirle por la liberación de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos, padre, hijo. Nosotros, su familia, pedimos por su libertad y usted (Nicolás Maduro) tiene el poder, tiene las herramientas para dársela», dijo Rafael Tarazona, acompañado de su madre y su sobrino.
Este martes, el Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes denunció que la salud de su director continúa deteriorándose por su «detención arbitraria» y «falta de atención médica adecuada».
«La salud de Javier Tarazona, director general de Fundaredes, continúa deteriorándose a consecuencia de su detención arbitraria en las celdas del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y la falta de atención médica adecuada», indicó el observatorio en su cuenta de Twitter.
Agregó que, en las últimas semanas, Tarazona ha presentado «alteraciones cardíacas constantes», que conjugadas con su cuadro general de salud «ponen en severo riesgo su vida».
«Su madre, familiares más allegados, sus abogados y el equipo de activistas de la organización exigen a las autoridades venezolanas la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos, quien junto con dos de sus activistas enfrenta un juicio injusto», indicó la ONG.
El pasado 9 de diciembre la Justicia venezolana confirmó el pase a juicio de Tarazona principal voz de denuncia del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado fronterizo de Apure. EFE
