La Asamblea Nacional aplazó este martes 7 de abril la culminación de la segunda discusión del proyecto de Ley de Minas, medida que retrasa nuevamente la aprobación definitiva de la normativa diseñada para abrir el sector extractivo a la inversión privada y extranjera.
La decisión ocurrió tras un debate de tres horas en el cual los parlamentarios sancionaron 60 artículos de la propuesta, hasta alcanzar el apartado 115 de los 130 previstos. Durante el cierre de la jornada legislativa, el diputado Orlando Camacho solicitó diferir el resto de la discusión para un próximo encuentro. Tras esta petición, el aplazamiento se aprobó por «extraordinaria unanimidad», afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante.
A pesar de la paralización del debate, la plenaria validó previamente disposiciones clave sobre el esquema de regalías y tributos para la industria. El texto establece un pago al Estado de hasta el 13 por ciento sobre la producción bruta, monto que se calculará con base en el valor comercial del mineral final. Además, las operaciones enfrentarán un impuesto a la minería con una alícuota máxima del seis por ciento, de acuerdo con los artículos revisados.
En contraste con estas obligaciones fiscales, la legislación exime a las empresas extractivas del pago de tributos estadales y municipales, así como de las contribuciones a grandes patrimonios, ciencia, deporte y protección de pensiones. Así mismo, los parlamentarios acordaron que las concesiones otorgadas tendrán una duración de 30 años, con opciones de prórroga por dos periodos consecutivos de una década cada uno.
Al retomar la agenda y culminar la revisión del documento, la AN reemplazará la actual normativa que rige el sector desde el año 1999. El objetivo central de esta modificación jurídica radica en regularizar la pequeña, mediana y gran minería para responder al interés del capital internacional sobre los recursos auríferos de la nación suramericana.
