En su informe final sobre la elección presidencial del 28 de julio, el Centro Carter concluyó que el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales de integridad y no puede ser considerado democrático. La organización destacó la falta de transparencia y la parcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) a favor del oficialismo, lo que generó dudas sobre la autenticidad de los resultados anunciados.
El Centro Carter recomendó a las autoridades venezolanas que permitan una revisión transparente e independiente de los resultados de las elecciones. Entre las sugerencias específicas, se encuentran la necesidad de reformar el marco legal electoral, asegurando que las modificaciones se realicen con tiempo suficiente antes de las elecciones y con un consenso político amplio. También se instó a derogar leyes que limitan la libertad de expresión y asociación.
En cuanto a la administración de las elecciones, el informe sugiere una revisión del procedimiento de nombramiento del CNE para garantizar una mayor independencia y confianza en su imparcialidad. Asimismo, se recomendó una publicación oportuna y sistemática de toda la información relevante, incluyendo las decisiones del CNE y el calendario electoral, junto con la celebración de reuniones regulares con los interesados para aumentar la transparencia.
Otro punto crucial abordado es la educación y registro de votantes. El Centro Carter urgió a mejorar los programas de educación electoral, asegurando que los ciudadanos comprendan el proceso y confíen en su integridad. En cuanto al registro, se hizo énfasis en la necesidad de campañas efectivas para incluir a los votantes subregistrados y, especialmente, a los migrantes venezolanos, eliminando restricciones basadas en el estatus migratorio.
Finalmente, el informe aboga por una regulación más estricta del financiamiento de campañas políticas, la eliminación de restricciones a la observación electoral independiente y una mejor gestión de los medios de comunicación para evitar su uso partidista. También se insiste en la necesidad de auditar de manera transparente las tecnologías electorales, incluyendo las máquinas de votación, y en garantizar la publicación completa y oportuna de todos los datos relacionados con los resultados electorales.
