Solórzano sobre acusación contra Rocío San Miguel: «El delito de porte ilícito de mapas no existe»

La presidente del partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano calificó como absurdo que el fiscal, Tarek William Saab haya anunciado que la abogada Rocío San Miguel está presa porque tenía 18 mapas con instalaciones militares marcadas.

«El delito de porte ilícito de mapas no existe», expresó la también defensora de derechos humanos al participar en una concentración en respaldo a San Miguel. «En primaria, en los libros de geografía e historia, vienen muchos mapas; en Google hay mapas satelitales exactos, esto es absurdo».

«Aquí no se puede seguir naturalizado la violación de derechos humanos, el fiscal presentó el lunes pruebas que no son tales. Yo no estoy hablando de inocencia o culpabilidad, yo estoy hablando del debido proceso y del derecho a la defensa, y lo estoy hablando como abogado».

Recordó que hay muchos otros presos políticos en Venezuela y destacó el caso de Nelson Piñero, dirigente de Encuentro Ciudadano, «él está preso por el simple hecho de escribir en Twitter (X), eso tampoco es delito, opinar no es un delito».

San Miguel es una «espía» que explicó mapas venezolanos a embajador extranjero

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab dijo este lunes que activista de derechos humanos Rocío San Miguel compartió información de inteligencia estadal a un embajador extranjero, en un plan para desestabilizar al país por lo que la tildó de «espía».

En declaraciones a la prensa, Saab acusó a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero, explicó que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad.

«Esa información habría sido obtenida con colaboración militar, la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado».

Asimismo, indicó que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía «a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional».

Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.

“Esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía o cartografía”.

Dijo que su ONG Control Ciudadano es una fachada.

“La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”.

Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.

«San Miguel le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.

También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó además a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.