Narváez: No hubo indulto, liberados nunca cometieron delitos ni fueron condenados
El defensor de DDHH, Rafael Narváez, indicó este viernes que las liberaciones hechas por la administración de Nicolás Maduro no pueden ser catalogadas como indulto debido a que ningún excarcelado cometió delito, y que solo fueron «aprehendidos injustamente».
“El indulto es una gracia y atribución que la Constitución, en su artículo 236, le otorga al Presidente de la República para conceder libertad a personas que hayan cometido delitos y estén condenado. La decisión de liberar a 110 presos políticos (50 detenidos, otros en el exilio y otros con allanamiento a su inmunidad parlamentaria) la saludamos y la celebramos con mucha alegría; sin duda alguna los familiares están felices por tener nuevamente a sus seres queridos en sus casas pero esta decisión por parte del Jefe de Estado no es indulto alguno. No se puede conceder indulto a inocentes”, expresó Rafael Narváez.
Resaltó el director de la ONG Derechos Civiles que las personas que fueron objeto de la medida gubernamental, fueron víctimas de la represión, de las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y finalmente recluidos algunos por varios años en calabozos del Sebin, Dgcim, Ramo Verde y El Dorado, donde además fueros víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, incomunicados, o desaparecidos forzosamente, con violación del derecho a la defensa, la presunción de inocencia y, buena parte de los mismos procesados por tribunales militares vulnerando el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.
“¿Cómo es eso que te condeno por algo de lo que no eres culpable o te encierro sin atender el debido proceso y luego te indulto? Esta decisión por parte del Jefe de Estado no es un indulto porque sencillamente, ninguno de los liberados ha sido condenados y muchos no llegaron a tener siquiera la audiencia de juicio. No se puede conceder indulto a inocentes”, insistió.
En opinión de Rafael Narváez, la serie de indultos se trata es de una decisión política que ha tenido muchas lecturas de cara a unas elecciones parlamentarias convocadas para el seis de diciembre y así habilitarlos para una posible participación en dichos comicios.
A este respecto, refirió que el Estado conduce a la población a un proceso electoral nacional en un país donde las cifras de contagio de la covid-19 siguen creciendo en forma exponencial dejando una cantidad de fallecidos diariamente.
Además, hizo hincapié en que el decreto sobre la reconciliación anunciado por el Estado no está nada claro, ya que todavía quedan 336 presos políticos detenidos y más de 9.000 personas que tienen procesos judiciales en su contra con medidas cautelares que los obligan estar bajo presentación en los tribunales.
“Si todos somos iguales ante la ley y queremos una rectificación de verdad, esta voluntad debe incluir a militares que fueron afectos al gobierno y que no fueron tomados en cuenta en esta medida que todavía sigue en duda si en su carácter de meramente política o también es humanitaria. El estado no debe olvidar que estas violaciones graves de los derechos humanos constituyen Crímenes de lesa humanidad y que la liberación otorgada no lo exonera de responsabilidad penal por que estos crímenes no prescriben y no se borran con medidas de libertad”, concluyó el abogado.
Nota de prensa
