La fulana dolarización

Opinión | noviembre 30, 2019 | 6:16 am.

El Presidente de la República se ha referido recientemente y en términos positivos al proceso de dolarización que caracteriza hoy en día a la economía venezolana. Como el tema es interesante creemos conveniente aportar algunas reflexiones al respecto.

En primer lugar, llama la atención de que después de años de estar combatiendo al dólar – el cual ni siquiera se podía nombrar públicamente en cuanto a su relación con el bolívar, so pena de sufrir sanciones severas – ahora ha pasado a ser una cosa que no solo no es tan mala, sino que tiene algunos aspectos positivos. Expresión clara de las vueltas que da la vida.

La dolarización en Venezuela ha sido, curiosamente, una solución que ha ido siendo acogida e impuesta por la ciudadanía – ante el galopante proceso inflacionario venezolano – más que una decisión de política monetaria, cambiaria y económica tomada por las autoridades nacionales correspondientes. En esa medida, no ha pasado por los mismos procesos que han tenido que enfrentar los países que han tomado centralizadamente la decisión de dolarizar la economía – como sucedió en Ecuador – que han necesitado proporcionarle a la ciudadanía nacional la cantidad de dólares que se necesitan para llevar adelante las transacciones habituales en esa sociedad. Esa cantidad de dólares, en un proceso de dolarización incipiente, puede provenir de las arcas gubernamentales – si las reservas del país están boyantes – o provenir de préstamos que se consigan específicamente para estos fines.

Pero en Venezuela las cosas no sucedieron en esa forma. Acá los dólares necesarios para la dolarización provinieron, por lo menos inicialmente, de los bolsillos de la clase media y los nuevos y viejos ricos, los cuales tenían – según se comprobó – una cantidad importante de dólares en sus manos, o en cuentas fáciles de mover nacional o internacionalmente. Esos sectores se dieron cuenta – imposible no hacerlo – de que el bolívar no servía ni como unidad de cuenta ni como depósito de valor- y optaron por el dólar. Se dio una dolarización de facto. Solo cuando ese proceso era ya una situación imposible de parar en toda la economía venezolana, el gobierno y el Banco Central se subieron a ese carro y trataron de ordenar las cosas y de sacar de allí el mayor provecho posible.

Pero el proceso de dolarización necesita nutrirse de dólares provenientes de las exportaciones y/o de los préstamos a los cuales puedan acceder el gobierno, las empresas o los ciudadanos. No puede el proceso de dolarización nutrirse eternamente de lo que está acumulado o atesorado, que termina por agotarse, porque hay diferentes canales `por medio de los cuales los dólares, sobre todo en situación de déficit de las cuentas externas del país, terminan por fluir al exterior. Por lo tanto, si no hay canales permanentes por donde la economía se nutra de dólares, la dolarización tendrá las patitas cortas y no podrá llegar muy lejos.

Además, cabe mencionar que la dolarización, en cualquier país, le resta al Banco Central muchas de sus funciones y de sus herramientas de política monetaria, pues el Banco Central no puede crear dólares de la nada, como podía – y todavía puede hacer – con el bolívar. Y con un gobierno tan dado a controlarlo todo, y a meter sus manos en todo, debe ser difícil ver como la economía funciona cada vez más con prescindencia del bolívar.

Es imposible abordar este problema de la dolarización en Venezuela sin hacer mención, de su alcance limitado. Hay un sustantivo porcentaje de la población que no tiene acceso al dólar, pues no le pagan en dólares, no tiene dólares acumulados – y si los tenía ya se los gastó – y no tiene familiares en el exterior que le envíen dólares en forma periódica. Esa parte de la ciudadanía está en el peor de todos los mundos, pues no tiene acceso al dólar y solo tiene acceso a unos bolívares que cada día tienen menos valor y son menos aceptados para el común de las transacciones comerciales. La única solución a esta situación sería dolarizar los salarios, lo cual sería una medida difícil de tomar por un estado que es el empleador de varios millones de trabadores del país.