El sistema de pensiones de Chile
Aun después del acuerdo constitucional recientemente alcanzado, se mantiene en un primer plano de los debates nacionales la necesidad de modificar el actual sistema de pensiones heredado de la dictadura. Dicho cambio difícilmente puede esperar hasta que esté redactada y aprobada una nueva constitución. Las pensiones miserables que reciben quienes se han jubilado – y quienes se sigan jubilando con el sistema de capitalización individual impuesto por la dictadura de Pinochet – implica una grave injusticia y genera un grado muy alto de tensión social cuya solución no puede y no debe postergarse.
La realidad de las cosas es que la mayoría de los trabajadores chilenos trabajan mucho, quizás más de10 horas diarias, más el tiempo que les toma ir y venir del trabajo a sus casas; carecen de derechos sindicales; tienen contratos laborales fáciles de caducar por decisión patronal; y reciben ingresos bajos que no aseguran el acceso a la educación, a la salud ni a la recreación, ni para ellos ni para el grupo familiar. Se ven obligados a endeudarse, a tasas francamente usurarias, con bancos y casas comerciales, para poder llegar a fin de mes, lo cual genera un verdadero pánico de quedar sin trabajo. Y carecen en forma total y absoluta de la perspectiva de que todo ello conduzca a una vejez tranquila. La jubilación se ve hoy en día como un paso hacia la profundización de la situación de pobreza y de inseguridad. Tanto el presente como el futuro – es decir, la perspectiva total de la vida – se visualizan carentes de alegría y de tranquilidad.
En ese contexto, el sistema de capitalización individual no asegura a los chilenos una vejez tranquila. Ya, a esta altura de los acontecimientos, esa afirmación no está avalada meramente por cálculos de escritorio, sino por la cruda realidad que se ha ido materializando a lo largo de las últimas décadas. A nivel del cálculo de escritorio, una pensión decente solo se lograría si la economía, y los fondos individuales de pensiones, crecieran en forma sostenida a tasas superiores al 7 % anual, lo cual está fuera de lo posible en Chile y en el mundo.
Además, el sistema de capitalización individual, basado en el rendimiento de las colocaciones financieras realizadas por las AFP en las empresas más exitosas del mercado, se basa en aceptar como buenos los juegos contables de las grandes empresas – que como todo el mundo sabe hoy en día – tienen formas muy sofisticadas para hacer aparecer sus ganancias, en la empresa y en el territorio que se decida en las altas gerencias, por la vía, fundamentalmente, de las compras y los créditos con las casas matrices o con empresas relacionadas. La ganancia que se hace aparecer en un punto empresarial determinado no es hoy en día un dato milagroso del mercado, sino una decisión gerencial centralizada, cuestión que, por lo demás, tiene sumamente complicadas a las estructuras fiscales de los grandes países desarrollados.
El sistema de capitalización individual asegura, en cambio, una cantidad muy alta de dinero perteneciente a los trabajadores- que se canaliza mensualmente hacia el sector empresarial privado – por la vía de las colocaciones o inversiones de las AFP – y/o parcialmente, hacia las arcas fiscales por la vía de comprar bonos de tesorería. El rendimiento de esas colocaciones es, en todo caso, infinitamente más pequeño que las tasas de interés que los trabajadores deben pagar por el endeudamiento en que caen con bancos y casas comerciales. Las empresas que administran los fondos de pensiones, las AFP, tienen su ganancia asegurada, pues un porcentaje fijo de los fondos recaudados va derechamente a financiar los gastos administrativos. Todo el sistema es, por lo tanto, un negocio redondo para las administradoras de fondos de pensiones, una fuente maravillosa de financiamiento para las grandes empresas nacionales, altamente vinculadas a los núcleos más dinámicos del capitalismo internacional, y para el propio fisco chileno. El único que pierde es el cotizante, que no tiene un capital del cual pueda disponer, ni tampoco un capital que le asegure una vejez tranquila.
La primera conclusión que fluye de este breve análisis es que el sistema de pensiones basado en la capitalización individual debe ser radicalmente modificado y reemplazado por un sistema en el cual una pensión de vejez digna asuma el carácter de un derecho social, tal como la salud o la educación. La idea que va tomando fuerza en los círculos políticos y económicos no oficialistas es que debe implementarse un sistema mixto, en el cual al aporte del trabajador a su capitalización individual se sume un aporte empresarial, de nivel significativo, hoy en día inexistente. La participación del estado no debe tampoco estar ausente y no debe asumir un rol meramente normativo, sino activo y participante. Esta puede asumir la forma de un aporte mensual que se sume al aporte de los propios trabajadores y de los empresarios, o un aporte final que permita complementar lo que se haya juntado en las cuentas de capitalización individual, de modo de asegurar una pensión digna. Además, el estado debe financiar las pensiones mínimas de quienes no lograron cotizar durante su vida activa. Y la administración de los fondos, y su canalización hacia el sector empresarial privado, sin control ni participación alguna de los verdaderos dueños de esos inmensos capitales, es también una cuestión que no puede sostenerse. En todo caso, el debate está abierto y el cambio es inevitable.
