Representantes gubernamentales de Venezuela y Estados Unidos mantienen discusiones en la actualidad para integrar a figuras de la disidencia política dentro del consejo de administración del Banco Central, con el propósito fundamental de erradicar la corrupción institucional y lograr un reparto del poder. Así lo informó la agencia de noticias Bloomberg.
La medida busca restablecer la credibilidad del ente emisor para facilitar el retorno del país al sistema financiero internacional. Durante estas deliberaciones confidenciales, las autoridades contactaron a diversos académicos y actores de la oposición para evaluar su disposición de asumir los cargos directivos, aunque todavía las partes no tomaron una decisión definitiva sobre los nombramientos.
En este sentido, la reestructuración del directorio ocurre tras la reciente renuncia de la presidenta de la institución, Laura Guerra, luego de la flexibilización de sanciones por parte de la administración estadounidense. A principios del mes de abril, el Estado solicitó la salida formal de la directiva anterior y del segundo vicepresidente, quienes entregaron sus balances definitivos ante la presidencia del banco el pasado 16 de abril.
Por otra parte, la modificación estructural de la entidad financiera enfrenta obstáculos en el ámbito político nacional. La designación oficial de los seis directores y el presidente requiere la aprobación obligatoria de la Asamblea Nacional, donde los legisladores afines al gobierno bloquearon previamente la postulación de opositores para otras instancias del Estado, como la Defensoría del Pueblo.
Así mismo, el plan de reorganización responde a las exigencias de Washington para mejorar la gobernanza en territorio venezolano. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, delineó un proyecto de estabilización de tres fases para administrar los ingresos petroleros «de manera que beneficien al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen», afirmó el alto funcionario.
Finalmente, el país sudamericano contabiliza reservas internacionales por el orden de los 13.600 millones de dólares según los reportes oficiales. Esta cifra global agrupa unos 5.000 millones de dólares correspondientes a los Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional, fondos que el gobierno espera movilizar próximamente bajo esta nueva etapa de integración.
