La organización no gubernamental Foro Penal confirmó en su cuenta de X la excarcelación de la teniente del Ejército, Jhoana Bermúdez, quien recibió una medida sustitutiva de libertad el pasado 23 de abril tras permanecer casi dos años recluida en el estado Táchira por su presunta vinculación con la entrega de actas electorales.
El tribunal a cargo de la causa condenó a la funcionaria castrense por los delitos de divulgación de datos y acceso indebido a los sistemas. No obstante, la instancia judicial absolvió a la militar de las acusaciones más severas, las cuales incluían los cargos de conspiración, asociación para delinquir, traición a la patria y retardo u omisión intencional de funciones.
El arresto de Bermúdez se originó en las instalaciones de la Base de Contrainteligencia Militar número 21 en San Cristóbal, luego de desempeñarse como auxiliar del Plan República en el Liceo Militar Jáuregui. Durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, un integrante de la misma institución denunció que la teniente y otras autoridades presuntamente facilitaron las actas de votación a la dirigencia opositora.
El proceso legal a favor de la uniformada estuvo dirigido por los abogados Alfredo Contreras, Omar Silva y Raquel Sánchez, actual coordinadora regional del Foro Penal. Este equipo jurídico logró coordinar la salida de la funcionaria desde las instalaciones del Destacamento 211 de la Guardia Nacional, ubicado en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana.
