La organización no gubernamental Provea advirtió que la reforma judicial anunciada por el Ejecutivo nacional excluye la participación ciudadana para responder a una agenda de tutelaje transnacional en Venezuela.
La agrupación defensora de derechos humanos cuestionó el deterioro de las instituciones legales y la falta de independencia de los poderes públicos. “Durante los 25 años de gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Sistema de Administración de Justicia (SAJ) fue definitivamente demolido”, indicó la ONG en su cuenta de X al denunciar el uso continuo de los tribunales para perseguir a la disidencia política nacional.
En este sentido, la asociación civil recordó las acciones del máximo tribunal del país durante los recientes comicios presidenciales. “En 2024, el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), profundizando con ello la falta de credibilidad y transparencia de los resultados informados por el Poder Electoral”, aseveró la organización especializada.
Así mismo, los voceros de la institución exigieron a la presidenta encargada, garantizar un proceso legítimo en la renovación de los altos cargos. “Los anuncios oficiales sobre la reforma judicial, Sra. Delcy Rodríguez, deberían ir acompañados de una selección transparente, amplia y apegada en la Constitución, de los nuevos Magistrados del TSJ”, manifestaron los representantes de Provea al rechazar los recientes nombramientos en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Por consiguiente, la agrupación insistió en que una reestructuración integral requiere la integración de todos los sectores vulnerados. “Nos preocupa que la reforma judicial anunciada, esté orientada únicamente a satisfacer la agenda del tutelaje transnacional, y que se deje de lado la necesaria participación de los actores sociales y políticos del país como la academia, las ONG, la voz de las víctimas y la asesoría técnica de los organismos internacionales de Derechos Humanos”, sentenció la ONG.
“Consideramos necesario cesar la instrumentalización del sistema de justicia para restringir las libertades fundamentales”, concluyó la organización al demandar políticas públicas sólidas que combatan la impunidad y la corrupción en el país.
