La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) propuso al Estado venezolano el otorgamiento de un “indulto amplio, inmediato y sin discriminación” y advirtió que la Ley de Amnistía promulgada en febrero no resolvió «las garantías fundamentales» en el país.
Según el balance de JEP existen 679 presos políticos en Venezuela al cierre de marzo. La organización sostuvo que las liberaciones ejecutadas hasta la fecha responden a decisiones de carácter político y no a «un avance real» en la reinstitucionalización del sistema judicial.
La organización denunció que la amnistía «funciona como un mecanismo para limpiar la imagen del sistema político sin que este asuma responsabilidades por violaciones de derechos humanos».
En su pronunciamiento, JEP subrayó que el indulto presidencial es una facultad constitucional que permite cesar procesos o penas de manera inmediata sin necesidad de reformas jurídicas complejas.
“Es hora de dejar de usar a los prisioneros como piezas de negociación”, afirmó la ONG. El texto señala que los mecanismos para resolver la situación de los detenidos existen en el ordenamiento jurídico, pero las autoridades los omiten deliberadamente para mantener figuras funcionales en momentos de presión interna o externa.
JEP insistió en que la reconstrucción del Estado de derecho requiere que la libertad de los ciudadanos dependa del cumplimiento de la Constitución y no de cálculos políticos, recoge Versión Final.
La organización concluyó que «el uso de los prisioneros como fichas de intercambio debe cesar» para dar paso a una decisión política definitiva que garantice los estándares internacionales de derechos humanos en el territorio nacional.
