El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, anunció en su cuenta de X el otorgamiento de 4.151 libertades plenas a una semana de la aprobación de este instrumento legal.
El funcionario detalló la recepción de 7.461 solicitudes hasta la fecha. De acuerdo con las cifras publicadas, el sistema de justicia concedió beneficios a 217 personas privadas de libertad y a 3.934 ciudadanos que se encontraban bajo medidas cautelares.
A la par de este reporte, la instancia legislativa difundió el protocolo oficial para tramitar este recurso. El procedimiento inicia ante el tribunal que lleva la causa o la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD). El Ministerio Público, la defensa técnica o los sujetos legitimados poseen la potestad para solicitar la medida. Así mismo, los ciudadanos fuera del territorio nacional pueden ejecutar la acción a través de un apoderado.
La normativa fija un plazo máximo de 15 días para la culminación de todo el proceso. El juez evalúa el caso para verificar su correspondencia con uno de los 13 hechos señalados en la ley e identificar la fase del proceso penal. Si el tribunal declara el recurso procedente, dicta el sobreseimiento o activa la vía para una sentencia de reemplazo, para concretar la extinción de la pena y de la acción penal. Por el contrario, si la solicitud resulta improcedente bajo razones jurídicas fundadas, la defensa conserva el derecho de apelar la decisión.
