La organización no gubernamental Foro Penal fijó postura este viernes 30 de enero ante el anuncio de una Ley de Amnistía realizado por Delcy Rodríguez. La directiva de la organización manifestó que recibió la propuesta con «optimismo, pero con cautela», bajo la premisa de que esta medida debe abarcar a la totalidad de los presos y perseguidos políticos que existen actualmente en Venezuela para contribuir a la reconciliación nacional.

El Foro Penal estableció una serie de condiciones técnicas para que el instrumento legal cumpla con su propósito de justicia. Entre los requisitos planteados, la ONG destacó la necesidad de una participación activa de la sociedad civil y de las víctimas de persecución en la redacción y seguimiento de la ley. Así mismo, recordó que, bajo el artículo 29 de la Constitución, la amnistía no puede favorecer a responsables de violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

La organización insistió en que el proceso debe contar con el apoyo y supervisión de organismos internacionales de protección a los derechos humanos. El objetivo de este acompañamiento es validar que se cumplan las recomendaciones previas dictadas sobre los casos de los detenidos. La directiva subrayó que la normativa debe garantizar el principio de «no repetición» para evitar que las causas que originaron estas detenciones ocurran nuevamente en el futuro político del país.

En el texto presentado, la ONG puso a disposición del Poder Público su experiencia y experticia en la materia, tras recordar que promovió propuestas similares en múltiples ocasiones desde el año 2007 hasta principios de 2026. Los abogados defensores señalaron que los operadores de justicia deben aplicar el principio de favorabilidad hacia el perseguido en cualquier duda razonable que surja durante la implementación de los beneficios legales.

Como medida inmediata, el Foro Penal solicitó que, de forma paralela a la discusión y aprobación del marco legal, se mantenga el proceso de liberación de los ciudadanos que permanecen tras las rejas. La organización contabilizó más de 700 presos políticos que aún se encuentran privados de su libertad de manera arbitraria en distintos centros de reclusión del territorio nacional.

Hasta el momento, no se precisó el cronograma legislativo para el debate de esta ley.