El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre el fallecimiento de Jonathan Rodríguez, un pescador de 30 años que estuvo detenido en el contexto de las protestas postelectorales. El deceso ocurrió la noche del viernes 21 de noviembre debido a una infección severa que no pudo ser controlada por el equipo médico, según detalló la organización en su cuenta de X.

Rodríguez, quien fue diagnosticado con autismo desde su infancia, residía en la comunidad de Cepe, en el estado Aragua. Su estado físico se deterioró gravemente tras permanecer más de seis meses privado de libertad en distintos centros de reclusión donde, de acuerdo con la denuncia de la ONG, careció de atención médica adecuada y condiciones salubres.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al joven el pasado 29 de julio de 2024 al salir de una panadería, luego de que este intentara cobrar una factura en un local cercano. Las autoridades lo etiquetaron bajo cargos de terrorismo e incitación al odio, por lo que lo trasladaron inicialmente a la comisaría de Santa Rita.

El itinerario penitenciario de Rodríguez incluyó su traslado al Centro Penitenciario de Yare, en Miranda, el 23 de agosto, y dos días después al Centro Penitenciario de Aragua. Aunque logró su excarcelación tras la insistencia de sus familiares, mantuvo un régimen de presentación ante los tribunales bajo las mismas acusaciones, las cuales la organización calificó de carentes de evidencia.

Tras su liberación, Rodríguez enfrentó cuadros de salud recurrentes que obligaron a su familia a agotar recursos en exámenes y medicamentos. La situación empeoró hasta derivar en una hospitalización por una infección pulmonar severa, la cual le causó la muerte una semana después de su ingreso al centro de salud.

El Comité atribuyó el fallecimiento a lo que denominó «terrorismo de Estado», así como un supuesto colapso del sistema sanitario y al deterioro de los derechos humanos en el país. En su comunicado, la organización describió a Rodríguez como un joven que encontraba calma en el mar y exigió que el Estado reconozca su inocencia.

La ONG instó a mantener la documentación de estos casos con el objetivo de impulsar la justicia y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.