La organización no gubernamental Provea denunció este martes 29 de julio que, a un año de las protestas poselectorales de 2024, al menos 25 asesinatos continúan sin ser investigados ni esclarecidos. A través de su cuenta en la red social X, la ONG alertó sobre la falta de pronunciamientos del Ministerio Público y la ausencia de avances en las investigaciones.
Uno de los hechos más graves señalados por Provea fue la masacre ocurrida el 29 de julio de 2024 en la Redoma de San Jacinto, en Maracay, donde siete personas fallecieron luego de que supuestos funcionarios de cuerpos de seguridad abrieran fuego contra manifestantes. Entre las víctimas se encontraba un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, José Antonio Torrents Blanca.
Además de Torrents Blanca, los fallecidos en ese evento fueron identificados como Rancés Daniel Yzarra Bolívar, Anthony David Moya Mantía, Jesús Gregorio Tovar Perdomo, Jesús Ramón Medina Perdomo, Gabriel Ramos y Andrés Alfonso Ramírez Castillo.
Provea recordó que, según el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas y las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es fundamental que las investigaciones sean «prontas, imparciales y eficaces» para evitar la impunidad.
“La prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas”, citó la organización en su comunicado. Asimismo, afirmó que “los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido”.
Finalmente, Provea reiteró su compromiso de seguir acompañando a los familiares en sus reclamos: “Seguiremos acompañando a los familiares de las víctimas en su reclamo de justicia, exigiendo el cese de la impunidad y la adopción de medidas para brindar garantías de no repetición”.
