Autoridades costarricenses ejecutaron esta semana un amplio operativo en distintas regiones del país para desmantelar una presunta red de trata de personas vinculada al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano. De acuerdo con la Fiscalía, el grupo traía mujeres desde Venezuela bajo engaños para luego forzarlas a prestar servicios sexuales en contra de su voluntad, así lo informó CR Hoy.

Según la investigación, las víctimas eran contactadas en Venezuela con la promesa de trabajos como generadoras de contenido. Una vez en Costa Rica, les confiscaban los teléfonos y eran incomunicadas. Luego las obligaban a mantener relaciones sexuales con hasta 100 hombres para «saldar» una supuesta deuda de entre $5.000 y $8.000, correspondiente al traslado, alimentación y hospedaje.

“La distribución de funciones que realizaban era la de publicar en redes sociales los servicios sexuales, posterior otros miembros de la agrupación recibían el pago normalmente mediante SINPE móvil. Otro grupo hacía el traslado de las femeninas hacia diferentes hoteles o las viviendas de los clientes explotadores donde eran sometidas al servicio sexual que siempre tenía el rédito económico en favor de la agrupación criminal”, detalló el fiscal Asdrúbal Montero Chacón.

Los operativos se llevaron a cabo en zonas como Barrio México, Merced, Jacó y Alajuela. La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes dirigió la acción junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), logrando ejecutar al menos siete allanamientos. Entre los detenidos se encuentran un ecuatoriano, una mujer nicaragüense y varios ciudadanos venezolanos.

“Estas personas lo que hacían eran reclutar a mujeres venezolanas con una promesa de trabajo altamente remunerada y que posteriormente a eso, cuando llegaban a Costa Rica les quitaban sus libertades, el celular y demás. Las obligaban a trabajar de esta manera totalmente en contra de su voluntad, brindando servicios sexuales”, declaró el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Este modus operandi ya ha sido documentado en otros países como Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, lo que refuerza la tesis de una estructura transnacional delictiva. El caso quedó registrado bajo el expediente penal 24-000064-1321-PE y continúa en fase de recolección de pruebas.