La organización no gubernamental Provea emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en X, denunciando un nuevo aumento de presuntas desapariciones forzadas contra activistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y voces críticas en Venezuela, a pocas horas de las elecciones regionales del 25 de mayo. La ONG instó al Estado venezolano a detener esta práctica, calificándola como “cruel, inhumana y degradante”.

La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su círculo de familiares y amigos”, señaló Provea, destacando el impacto psicológico que estas acciones tienen en los allegados de las víctimas y en la sociedad en general. La organización subrayó que estas prácticas buscan inhibir a la población mediante el miedo, especialmente en contextos de persecución política y protestas.

Provea documentó un patrón de desapariciones forzadas que se ha intensificado tras el relanzamiento de iniciativas como la “Furia Bolivariana” y la “Operación Tun Tun”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que estas violaciones, junto con otras prácticas sistemáticas, forman parte de un “terrorismo de Estado” destinado a silenciar la disidencia. Provea resaltó que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, bajo investigación por la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso Venezuela I.

La ONG recordó que la fiscalía de la CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas de seguridad, funcionarios y colectivos con posible participación de altas autoridades. “Esta nueva oleada de denuncias de posibles desapariciones forzadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad y sumarse a la Investigación Venezuela I”, afirmó Provea, enfatizando que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben”.

El comunicado de Provea se produce en un contexto de creciente tensión política, marcado por la detención de figuras como Juan Pablo Guanipa y alertas internacionales sobre la represión en Venezuela. La organización llamó al Estado a garantizar el respeto a los derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante estas violaciones.