La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este viernes 16 de mayo, a través de su cuenta en X, que el defensor laboral y activista Eduardo Torres se encuentra detenido en la sede del SEBIN en El Helicoide, según información extraoficial recibida por su familia. Sin embargo, las autoridades del centro de detención negaron su presencia, lo que ha llevado a la organización a calificar el caso como una desaparición forzada.
«Tras una semana sin información oficial sobre su paradero, hoy #16May, la familia del defensor Eduardo Torres fue notificada -extraoficialmente- que se encuentra detenido en Sebin Helicoide. Acudieron al lugar, pero una vez más negaron la presencia de Torres», señaló Provea en su comunicado. La organización destacó que Torres, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a amenazas previas, no ha tenido contacto con sus familiares ni abogados desde su desaparición.
Según Provea, la última comunicación de Torres con su familia ocurrió el viernes 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que caminaba desde Parque Central hacia su casa en el centro de Caracas. «Nunca llegó», indicó la ONG. Desde entonces, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre su paradero o los cargos en su contra, lo que agrava la situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Provea exigió que las autoridades judiciales informen de manera transparente sobre el paradero de Torres, respetando el debido proceso, y permitan el acceso inmediato de sus familiares y abogados. «Torres sigue en desaparición forzada mientras las autoridades sigan negando su lugar de reclusión y comunicación con sus familiares y abogados», afirmó la organización. También demandaron el cese del aislamiento, el respeto a las medidas cautelares de la CIDH, la protección de la vida e integridad de Torres y su liberación inmediata.
La ONG reiteró su compromiso de seguir denunciando este caso y exigiendo justicia, mientras instó a las autoridades a cumplir con las garantías judiciales y los derechos humanos del activista.
