La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, al frente de la defensa legal y moral de los venezolanos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, conversó por teléfono con EL PAÍS sobre las consecuencias del dictamen judicial y las acciones que tomarán a partir de ahora junto a otras diásporas que temen que este sea el inicio del fin del TPS en Estados Unidos.
Pregunta. En una transmisión en redes sociales, comentó que dentro de lo malo, esto era lo menos malo. ¿A qué se refería?
Respuesta. La Corte Suprema pudo haber dictaminado que el juez federal de California (Edward Chen) no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la continuidad del TPS ni pasar por encima de la orden dada por la secretaria Noem.
De haber ocurrido, habría acabado con la posibilidad de que el juicio continuara. El problema es que los beneficiarios se quedan sin protección hasta que termine todo este proceso legal.
Entonces ahora mismo los 350.000 venezolanos afectados son vulnerables a la deportación.
R. Esta pregunta la voy a responder como activista, pero los abogados estarían de acuerdo conmigo. Mientras la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no se actualice, las personas seguirán con estatus, pero el cambio llegará en cualquier momento (en efecto, la actualización se produjo la noche del miércoles).
Nos hace falta información, pero lo que tememos es que miles de personas se quedarán sin estatus legal y, con ello, sin permiso de trabajo y sin licencia de conducir. No sabemos si les enviarán una notificación para que abandonen el país, como ya ocurrió con los migrantes que tenían parole humanitario.
Estamos a la espera, pero si alguien fuera detenido, no puede ser expulsado de un día para otro, podrá pelear su caso en una corte de inmigración.
