Un juez negó este 24 de marzo la solicitud del Gobierno de levantar una prohibición temporal, impuesta a principios de este mes, a las deportaciones masivas mediante la Ley de Enemigos Extranjeros.

Se trata de un recurso que no había sido aplicado desde la Segunda Guerra Mundial y que el mandatario invocó este mes para acelerar las deportaciones de decenas de personas que asegura forman parte del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Bajo esa medida, decenas de presuntos delincuentes han sido expulsados por Washington hacia una cárcel de alta seguridad en El Salvador.

Sin embargo, el Gobierno venezolano señaló la semana pasada que ninguno de los deportados formaba parte de la banda delictiva, como aseguró el ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello, el pasado 21 de marzo. Además, diversos familiares han señalado que sus seres queridos han sido trasladados hacia el país centroamericano y señalados solo por poseer algún tatuaje.

Justamente, este lunes, el mandatario cuestionó la imparcialidad del juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador.

Poco después de la medianoche, el líder de la Casa Blanca publicó un mensaje en redes sociales pidiendo la inhabilitación del juez James Boasberg. Trump republicó un artículo sobre la asistencia de Boasberg a una conferencia legal en la que supuestamente participaron «oradores anti-Trump».

Pese a la decisión del magistrado, el Departamento de Justicia informó este 24 de marzo que declaró a tres miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua como «enemigos extranjeros» y que planea extraditarlos a Chile.

Prevenir deportaciones erróneas: razones del juez para mantener el bloqueo
La negativa del magistrado sobre anular o no su orden original llegó antes de una audiencia en la corte de apelaciones para el caso. Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Asimismo, el juez también que existe «un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar».

«El público también tiene un interés significativo en que el Gobierno cumpla con la ley», escribió el juez.

No obstante, Boasberg aún no ha decidido qué forma debería adoptar la impugnación.

La prensa local destacó que el juez señaló que los migrantes venezolanos expulsados ​​por la Administración Trump a El Salvador la semana pasada deben tener una audiencia judicial antes de sus deportaciones para determinar si pertenecen o no a la pandilla Tren de Aragua.