El Departamento de Justicia hizo un intento de última hora para evitar entregar a un juez federal más información sobre las deportaciones que la administración Trump llevó a cabo el fin de semana pasado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, al argumentar que la solicitud podría afectar la seguridad nacional.
“Las preguntas constituyen graves intromisiones en aspectos fundamentales de la autoridad absoluta e irrevisable del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional, relaciones exteriores y política exterior”, declaró el Departamento de Justicia en respuesta al juez James Boasberg en una presentación de la mañana de este miércoles, reporta CNN.
La presentación de emergencia de la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros altos funcionarios del Departamento a Boasberg se produce apenas horas antes del límite del mediodía para que el gobierno proporcione al juez —bajo secreto— respuestas ante una serie de preguntas sobre las deportaciones, incluido cuál fue el momento exacto en que dos aviones con migrantes despegaron de territorio estadounidense y abandonaron el espacio aéreo el sábado, así como las horas específicas en que las personas deportadas en virtud del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump fueron transferidas fuera de la custodia estadounidense ese día.
“Seguir insistiendo en lo mismo con el único fin de extraer del Gobierno hechos legalmente irrelevantes y que se encuentran completamente dentro del ámbito de las funciones esenciales del Poder Ejecutivo resulta inútil y frustrante para la consideración de las cuestiones jurídicas reales en juego en este caso”, escribieron en su presentación.
El escrito de siete páginas lleva más allá una disputa en curso entre el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump y Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama y actual juez presidente del tribunal federal de primera instancia en la ciudad de Washington.
