Varios venezolanos y tres grupos de derechos de los inmigrantes demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de poner fin a las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de inmigrantes venezolanos que viven en Estados Unidos.
La primera, el miércoles, la Alianza Nacional TPS, un grupo que aboga por los inmigrantes a los que se les ha concedido el estatus de protección temporal, y siete venezolanos que viven en Estados Unidos presentaron en San Francisco una demanda federal en la que se detallan dos casos.
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Una segunda demanda, fue presentada el jueves en Greenbelt, Maryland, por los grupos de derechos humanos CASA y Make the Road New York.
Ambas demandas cuestionan la decisión del 3 de febrero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 348.000 inmigrantes venezolanos, más de la mitad de todos los venezolanos en el programa.
La decisión significa que podrían enfrentar la deportación y la pérdida de sus permisos de trabajo en abril. El resto de los aproximadamente 600.000 venezolanos que participan en el programa podrían perder su estatus legal y los beneficios asociados en septiembre.
El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.
La decisión de poner fin al TPS para los venezolanos fue parte de una campaña más amplia del presidente republicano para acabar con los programas de inmigración y humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense.
El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios.
En 2021, la administración del entonces presidente Joe Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos, citando los altos niveles de delincuencia en Venezuela relacionados con la inestabilidad política y económica bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las demandas alegan que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y su departamento carecían de autoridad legal para anular una decisión tomada por Biden semanas antes de otorgar una extensión de 18 meses de protecciones temporales para los venezolanos.
Incluso si el departamento tuviera autoridad legal para retirar rápidamente tales protecciones, se desvió arbitrariamente de la práctica anterior al hacerlo y asumió erróneamente que los venezolanos con TPS estaban en el país ilegalmente, argumentó la Alianza Nacional TPS.
La demanda citó declaraciones de Noem, Trump y otros que, según los demandantes, habían afirmado incorrectamente que los venezolanos residían ilegalmente en el país.
En ambas demandas se alega que la decisión de Noem estuvo motivada al menos en parte por lo que denominaron una «animosidad racial» inconstitucional. Se refirieron a una entrevista que Noem dio a Fox News al anunciar su decisión, en la que calificó de «escoria» a los venezolanos a los que se les había concedido el estatus de protección.
