Un juez federal de Delaware aprobó el lunes cambios en los términos de la subasta de acciones de Citgo Petroleum, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, con el objetivo de garantizar un proceso más competitivo y transparente. La medida busca resolver las disputas con acreedores que reclaman compensaciones por incumplimientos y expropiaciones en Venezuela, en un caso que ha captado la atención de inversionistas y analistas internacionales.

Según un reporte de la agencia Reuters, el juez Leonard Stark autorizó una tarifa de terminación equivalente al 3% del valor de las sentencias adjuntas si el funcionario judicial que supervisa el proceso recomienda una oferta distinta a la presentada por el llamado «caballo de Troya». Esta figura, que no se utilizó en rondas anteriores, permitirá ofertas indirectas que podrían aumentar el valor de las acciones de Citgo.

Además, el juez aprobó un reembolso de hasta 30 millones de dólares por gastos de despido, una medida diseñada para incentivar la participación de empresas en la subasta. Stark también aclaró que los principales acreedores, como Crystallex y ConocoPhillips, podrán presentar cualquier tipo de oferta, incluyendo el uso de sus reclamaciones como créditos. Las partes que representan a Venezuela también tendrán la opción de presentar ofertas por separado.

La decisión llegó después de que una oferta condicional de 7.300 millones de dólares realizada por una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management fuera rechazada por la mayoría de los 18 acreedores involucrados en la subasta. Al menos dos grupos de acreedores informaron al tribunal el año pasado que podrían presentar nuevas ofertas en una próxima ronda.

El tribunal aún no definió un calendario definitivo para la subasta, pero se espera que la audiencia de venta final se lleve a cabo en el segundo semestre de este año. Mientras tanto, en diciembre, Stark ordenó la reapertura de una sala de datos de Citgo para proporcionar información detallada a los posibles postores. Este proceso marca un nuevo capítulo en la compleja batalla legal por el futuro de una de las joyas de la industria petrolera venezolana.