En Venezuela siguen torturando a presos disidentes: Misión de la ONU
La Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas presentó este miércoles su cuarto informe sobre Venezuela, en el que destacó que se siguen torturando a presos disidentes al Gobierno y advirtió el efecto de las inhabilitaciones en meses previos a las elecciones presidenciales.
«Aunque se ha producido una reducción de la violencia estatal relacionada con las protestas, la intolerancia del Gobierno hacia la disidencia y el cierre del espacio cívico y democrático han continuado sin tregua», advirtió.
Para actualizar la investigación, precisó que analizó 43 nuevos casos de violaciones de DDHH que han afectado a 72 víctimas directas (47 hombres y 25 mujeres, incluyendo una persona transgénero).
Las torturas documentadas, siguió, incluyen golpizas, especialmente en la cabeza, las costillas, los glúteos, los genitales, las piernas y los dedos de las manos y los pies; suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; privación del sueño, con luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido y aislamiento prolongado.
«La misión cree que ciertos actos de tortura y malos tratos tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades sindicales o relacionadas con los DDHH, por denunciar corrupción, por su activismo o por pronunciarse contra el Gobierno».
Advirtió que la violencia sexual y de género siguió utilizándose como forma de tortura y humillación contra opositores, «perpetuando un ciclo de abuso y opresión mediante violación, amenaza de violación, registros invasivos y desnudez forzada».
Represión e inhabilitados
Indicó que entre 2020 y 2023, la misión ONU investigó los casos de 19 personas víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención: comprenden amenazas de violación contra dos mujeres, y la violación de tres hombres.
Además, sostuvo que las actividades habituales de defensores de DDHH, sindicalistas, periodistas y políticos han sido sistemáticamente reprimidas, ya sea mediante intervenciones directas o acciones de intimidación y vigilancia.
El trabajo de las ONG, defensores de DDHH y otras personas que denuncian violaciones de derechos humanos se ve obstaculizado por amenazas e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios públicos.
«Existe una campaña gubernamental concertada para socavar la reputación de personas opositoras o percibidas como tales, mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores emitidos por altos funcionarios; el sistema de justicia penal venezolano se ha utilizado para criminalizar a las personas críticas u opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, y en particular periodistas, sindicalistas, defensores de DDHH y activistas políticos».
La ONU afirmó que la Ley contra el Odio ha sido usada para criminalizar el trabajo de defensores de DDHH y periodistas, como Javier Tarazona.
Al tiempo que resaltó que hay motivos razonables para creer que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos.
«La práctica de inhabilitar a funcionarios públicos, incluyendo a reconocidos líderes de la oposición, para postularse a cargos públicos ha sido utilizada con mayor frecuencia en los meses previos a los procesos electorales».
Regulaciones recientes, a menudo asociadas a objetivos legítimos como la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de dinero, se utilizan para limitar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil; y alertó que de aprobarse los proyectos de ley sobre ONG y sobre cooperación internacional, en trámite en la AN chavista impondrían a las organizaciones nuevas limitaciones jurídicas y operativas a su funcionamiento, incluyendo en el aspecto clave de la financiación.
Con información de Acceso a la Justicia.
