Gaceta oficial sobre alcabalas le llama al matraqueo «apoyo económico» e ignora que es delito: Acceso a la Justicia

La ONG Acceso a la Justicia criticó este jueves que la Gaceta Oficial sobre normas de instalación y supervisión de puntos de control, conocidos comúnmente como alcabalas, se refieran a la matraca policial como «apoyo económico» e ignore que es un delito.

Tras años de denuncias sobre constante abuso de policías y militares en alcabalas de todo el país, el gobierno emitió una resolución conjunta del Ministerio de la Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las regulaciones aplicables a estos puntos. Pero no fue sino hasta finales de la tarde del 21, cuando el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial difundió a través de su sitio web oficial la Gaceta Oficial n.° 42.458 del 08/09/2022, en la cual se publicó, entre otros, el texto de la Resolución Conjunta de los MPP para la Defensa n.° 047391 y Relaciones Interiores Justicia y Paz n.° 109, de fecha 07/09/2022.

«Queda terminantemente prohibido por parte de los funcionarios y funcionarias policiales y militares el cobro de dádivas, contribuciones, apoyos económicos a las personas que transitan libremente por el territorio nacional», suscribe.

Acceso a la Justicia destacó que se usa el eufemismo «apoyo económico» a lo que no es más que un delito y que debió calificarse de acuerdo con los supuestos de la Ley contra la Corrupción. «Esta expresión, además de errada jurídicamente, le resta valor a la gravedad de lo que ocurre en las alcabalas y queriendo hacerlo pasar como un avance en realidad es el reconocimiento de una realidad pero sin calificarla correctamente».

Izquiel: Si se cumple la Resolución cualquier conductor podrá grabar a funcionarios en alcabalas y puntos de control

El abogado penalista e investigador del crimen organizado Luis Izquiel dio el visto bueno a la nueva resolución conjunta – del Ministerio de la Defensa y de Relaciones de Interior, Justicia y Paz- que reafirma que cualquier ciudadano puede grabar los operativos policiales en alcabalas y puntos de control; pero destacó que habrá que esperar a ver si se cumple esta resolución o «será letra muerta, porque a algunos les importa un comino lo que diga la ley».

En entrevista telefónica con ND, Izquiel dijo que esto es una buena noticia porque reafirma el derecho que tienen los ciudadanos a grabar estos dispositivos de seguridad y da alegatos para defenderse de una situación de atropello o abuso de poder. Sin embargo, advirtió que falta ver si se cumplirá luego de que entre en vigencia dentro de unas semanas.

«Pareciera que está destinada a abordar una serie de irregularidades que venían siendo denunciadas. Esta resolución ratifica que los funcionarios deben cumplir con el Código Orgánico Procesal Penal, y hay otras cosas que eran actos irregulares, pero la resolución lo deja por escrito. Habrá que ver si una vez que entre en vigencia y aparezca publicada será positivo, habrá que ver la voluntad de las instituciones, del MP, de la institución militar y de la policía para hacer valer esta resolución y actuar frente a funcionarios que intenten atropellar esto o hacerlo letra muerta. Hay que ver si se quedará en el papel como otras leyes, o si de verdad se cumplirá».

Sobre su mayor alcance comentó “muchos chóferes que se dedican a trasladar queso, jamón y otros alimentos perecederos se convirtieron en las principales víctimas de funcionarios extorsionadores y esto podría cambiar”.