«Caso entubado” exculpa a los Guevara

Hernando Contreras Pérez, uno de los cinco fiscales comisionados para investigar la muerte de Danilo Anderson, “denunció que en una oportunidad se reunieron los fiscales con el fiscal general para plantearle que con un solo testigo, Giovanni Vásquez, era difícil imputar a los Guevara. “El doctor ante nuestra inquietud, nos dijo: ‘ustedes despreocúpense, este caso está entubado hasta el TSJ’, y efectivamente así sucedió”, declaró Contreras”.

Lo grave no fue que el caso estuviera “entubado”. Lo realmente grave fue que, estando entubado, apuntó a causas y autores probables del asesinato que comprometían la responsabilidad del “alto gobierno”, como se insistió en aquel momento e indica el expediente.

El comisario José Cuellar era consciente. No existían indicios para confirmar la participación de sus ex compañeros policías en el “atentado-asesinato”. La información obtenida en Miami lucía vinculante, sin embargo, carecía de validez, los entrevistados declararon bajo coacción y pronto se retractaron. Lo mismo hicieron el fiscal del Ministerio Público antes aludido y los falsos testigos cuyos testimonios fueron incorporados irregularmente al juicio.

El procedimiento investigativo para la obtención de “la verdad” había sido el incorrecto. En sus inicios, de modo irregular, aplicaron tortura como método de interrogatorio. Era la única forma de implicarlos, sin participación en el hecho, buscaron autoinculpaciones.

Procuraron sembrar confusión en los investigados, agotar su moral, imponerle tormento físico severo para vencer su resistencia y lograr confesiones inesperadas, sorprendentes. Ese es el componente pernicioso de la investigación iniciada el 19 de noviembre con base en la llamada anónima relativa a un hecho desligado del asesinato de Anderson. En esta etapa investigativa la tortura no se trataba de un castigo, sino de una forma de interrogar -comenta el jurista Robert Alvarado.

De acuerdo a información difundida por el diario El Carabobeño, el día después de la muerte de Anderson, la Dra. Jackeline Sandoval, a la sazón Fiscal en funciones y docente en la Escuela de Fiscales, “fue citada junto a casi todo el personal del Ministerio Público, a un salón grande en la fiscalía general. Se murmuraba una sola cosa: las incongruencias en el caso Anderson. La mujer escuchaba a compañeros criticar el mal manejo de la escena del crimen.”

«Recuerdo que el Fiscal General de la República para ese momento, Isaías Rodríguez, dijo que iba a llenar un autobús con los culpables del asesinato de Anderson. El hecho fue calificado primero como terrorismo. Luego como sicariato y por último como terrorismo de nuevo. La opinión pública estaba conmocionada», rememoró Sandoval.

Las autoridades representantes de los Poderes Públicos venezolanos, principalmente la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Interior y Justicia, incluyendo a Nicolás Maduro, que se perfilaba como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, se comprometieron, antes que se levantara el cadáver, desconociendo su identidad, a intensificar las investigaciones para dar con los responsables.

Lo escabroso del asunto estuvo en las pesquisas del Cicpc, mejor dicho, de la “comisión interdisciplinaria”, pues no arrojaron elementos concluyentes para establecer los vínculos de los “PoliGuevaras” con el hecho. Ni de ninguno de los señalados en la llamada anónima del 19 como autores materiales, menos con los que supuestamente “cancelaron” el dinero para que el “atentado” se consumara. Por esa razón, la Dra. Jackeline Sandoval dice que sus defendidos son los chinitos de Recadi encarcelados por el régimen en este caso.

En esa tónica, el miércoles 24 de noviembre de 2004, Jesse Chacón aseguró respecto a la autoría material: “el caso Anderson está prácticamente cerrado”. Un día antes, el martes 23, en la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc informan haber recibido otra llamada, ¡anónima!. El receptor, agente José Salcedo, escucharía del incógnito interlocutor que los Guevara pertenecían a “una organización criminal” con capacidad de realizar “atentados”. En seguida, a escasas 120 horas del hecho, Jesse insinúa el cierre del caso.

«La primera llamada, del viernes 19, los hace autores materiales del homicidio. La del 23 los caracteriza como miembros de una organización criminal. Todo ello como resultado de dichos anónimos, expresando el sainete investigativo asentado en el montaje policial de esas dos llamadas fingidas que resolvieron el caso ante el callejón sin salida, significó implicar a Rolando, Otoniel y Juan Guevara», apreciación del abogado y columnista Robert Alvarado.

El 2 de diciembre, tras informar el día anterior estar a la búsqueda de dos ciudadanos colombianos, Jesse Chacón, luego de insinuar, afirma haber descubierto la parte operativa del complot que asesinó al “fiscal valiente”. En las tres oportunidades, comenzando el 24 de noviembre, prosiguiendo el 1º de diciembre, rematando el jueves 2, Jesse Chacón deja ver que tenían un caso en relación a los autores materiales. De ahí su anuncio concluyente: “en adelante la investigación se centrará en encontrar a los autores intelectuales”. Ya tenían a sus tres chivos expiatorios encausados y privados de libertad, por obra y gracia de Maikel Moreno, que, para ello, se pasó por el arco del triunfo la constitución y las leyes.

En la rueda de prensa del 2 de diciembre es cuando el ministro Jesse Chacón informa del primer cambio en el equipo de investigación y niega que la eliminación de la División de Investigación de Homicidios del Cicpc del caso “tuvo que ver con acusaciones de desapariciones, torturas y allanamientos ilegales”. Utilizaron como excusa que Rolando Guevara tenía amigos en dicha división, habida cuenta de que había sido Director Nacional de esa unidad hasta el año 2001.

Razón del cambio, la “investigación entubada” destapó “una olla podrida” y cual boomerang retornaba a los responsables del crimen, que descubiertos formando una “mafia enquistada en el sistema judicial”, subyugada al Ejecutivo Nacional, valga decir, al “alto gobierno”, se inventaron “los falsos testigos” para “subsanar” la insuficiencia probatoria contra los Guevara.