Tras el anuncio de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sobre la creación de un fondo centralizado para que la Misión Venezuela Bella asuma la reestructuración de las universidades del país —en una estrategia similar a la ejecutada en la Universidad Central de Venezuela (UCV)—, los universitarios alertan que una «manito de pintura» no resolverá la crisis presupuestaria.

Aunque el anuncio oficial coincidió con la orden de devolver la administración de la Zona Rental a las autoridades de la UCV a partir de junio, el liderazgo universitario advierte que la medida mantiene el «patrón de asfixia financiera».

Para José Varela, consejero universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), la crisis del sector no se resuelve con remozamiento de fachadas. En contacto con ND, sostuvo que la verdadera problemática radica en el costo de la vida, las deficientes políticas públicas y un severo deterioro institucional promovido por los mismos funcionarios que hoy rotan en las carteras ministeriales.

«La crisis se origina por los elevados costos de la vida, políticas públicas deficientes y años de deterioro institucional. No es un tema de infraestructura lo que hoy golpea el día a día de las universidades», apuntó Varela, haciendo hincapié en la política de bonificación del salario y las «paupérrimas» becas estudiantiles.

Denunció que en la Universidad de Oriente (UDO) las instalaciones se encuentran en estado de abandono crítico, con un déficit severo de pupitres que obliga a los estudiantes a ver clases al aire libre. Asimismo, señaló que la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad del Zulia (LUZ) presentan graves rasgos de deterioro estructural. En el caso de la ULA, describió una emergencia en servicios públicos: el núcleo de Alberto Adriani padece la ausencia intermitente de energía eléctrica, el edificio del núcleo Táchira requiere recuperación total y las escuelas de Enfermería y Ciencias Forestales necesitan impermeabilización urgente.

«Es una intervención»

Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), descartó la tesis oficial de la supuesta «escasez de recursos» debido a las sanciones. A su juicio, el despliegue de la Misión Venezuela Bella confirma que el Estado sí posee capital, pero mantiene una «absoluta decisión de que no sea la universidad quien lo administre».

Afonso calificó la asignación de cuadrillas gubernamentales como una «injerencia directa» que desplaza el conocimiento técnico de las propias dependencias universitarias de mantenimiento y vulnera la autonomía para priorizar áreas esenciales como la investigación científica.

El presidente de la APUCV recordó el precedente de la Comisión Presidencial instalada en la Ciudad Universitaria desde el año 2021: «Cuando fue anunciado en el año 2021, el presidente Maduro dijo que destinaba 40 millones de dólares, 44 frentes de obra y 1.200 obreros. Una comisión que vino a reparar un techo ya va para siete años. Nosotros creemos que la universidad, con 40 millones de dólares de presupuesto de mantenimiento directo, puede tener el campus en excelentes condiciones y bajo criterios propios de su funcionamiento».

En contexto

Según datos recientes de la Apucv y federaciones gremiales nacionales, el salario base real que establece el tabulador público para un docente universitario en Venezuela oscila entre los 30 centavos y los 1,5 dólares mensuales. El ingreso formal de un profesor titular a dedicación exclusiva —el escalafón más alto— apenas ronda los 522 bolívares.

Esta pulverización del sueldo implica que el ingreso real de los educadores ha sido completamente indexado a través de bonos discretos en la Plataforma Patria, como el Bono de Guerra Económica de 120 dólares y el Cestaticket de 40 dólares, eliminando de facto las prestaciones sociales, las vacaciones calculadas sobre el salario y los fideicomisos de antigüedad.

Como consecuencia de este esquema, la UCV ha perdido aproximadamente el 44% de su planta docente en los últimos años debido a la migración forzada y el pluriempleo, dejando a los profesores activos con un promedio de edad de 54 años, ante la total ausencia de una generación de relevo atraída por la carrera académica.