El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este jueves 7 de mayo la destitución e investigación del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, tras confirmarse la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien permaneció desaparecido durante 16 meses bajo custodia del Estado venezolano.
A través de un comunicado publicado en X, la organización cuestionó las contradicciones del caso y aseguró que el procedimiento de detención de Quero “no concuerda con el procedimiento normal de un detenido”. Según el OVP, la madre de la víctima denunció que su hijo fue arrestado por funcionarios de la DGCIM, pese a que posteriormente las autoridades alegaron no conocer su identidad.
Así mismo, la ONG señaló que el Estado tenía la obligación de coordinar con el Saime para identificar al detenido y ubicar a sus familiares. “¿Cómo es posible que una persona permanezca detenida sin una orden de detención?”, preguntó la organización, que también cuestionó quién autorizó el traslado de Quero al Rodeo I.
El OVP recordó además que Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero, acudió durante meses a cárceles, organismos de seguridad, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo buscando información sobre su hijo sin recibir respuestas oficiales.
La organización también mencionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó constancia en medidas cautelares de que funcionarios de la Defensoría del Pueblo conocían desde octubre de 2025 la existencia de un expediente contra Quero y que estaba recluido en Rodeo I.
Además, el observatorio advirtió sobre inconsistencias relacionadas con la fecha de fallecimiento reflejada en la lápida del detenido, la cual diferiría de la versión oficial difundida por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
El OVP exigió investigaciones contra autoridades del Rodeo I, funcionarios del Hospital Militar, el exdefensor del Pueblo Adolfo Ruiz y el exfiscal general Tarek William Saab. En tal sentido, informó que elevará el caso ante organismos internacionales de derechos humanos.
La organización afirmó finalmente que documentó durante 2025 la muerte de cuatro presos políticos bajo custodia estatal y un total de 28 fallecimientos de presos políticos desde 2015 dentro del sistema penitenciario venezolano.
