El abogado y profesor de criminología de la UCV Luis Izquiel dijo estar de acuerdo con que en Venezuela se lleve a cabo una reforma al Sistema de Justicia, pero «bien hecha».

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez anunció que el próximo lunes 1 de junio iniciará formalmente la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal en Venezuela. El proceso buscará definir los ejes estructurales del sistema judicial e institucional del país.

Rodríguez detalló que estos mecanismos han permitido recopilar diagnósticos y recibir casos de diversos sectores de la sociedad civil. «Aquí estamos confluyendo y hemos tenido resultados. Ahora falta que nosotros definamos las líneas gruesas de lo que se está avizorando y proyectando para la justicia penal», afirmó.

En contacto telefónico con ND, Izquiel destacó que es claro que el país necesita una reforma judicial ya que el sistema es «ineficiente, está plagado de corrupción, carece de independencia y autonomía, y tiene muchos otros problemas. Ese sistema de justicia solo le sirve a unos pocos, a una cúpula, y no da respuesta a las necesidades de los venezolanos», fustigó.

En este punto, subrayó que el gran cuestionamiento es la credibilidad de la eficacia de una reforma hecha nuevamente de «forma unilateral». Al tiempo que, recordó que en 1999, se creó una Comisión de Reforma Judicial y desde allí hay una larga historia de supuestas reformas del sistema de justicia que no llegaron a nada.

«Incluyendo aumentos y reducciones de número de magistrados, algo que se pretende hacer ahora nuevamente y que en el pasado no dio ningún resultado positivo», puntualizó. «Todos estos fracasos han llevado a que el sistema de justicia de Venezuela sea evaluado internacionalmente como el peor del mundo. El más precario Estado de Derecho en el planeta, como lo ha certificado en los últimos años la organización Proyecto Mundial de Justicia».

Por tanto, expuso que la reforma debe ser completa: «Se deben nombrar como jueces, fiscales, magistrados y Fiscal General a personas que cumplan los requisitos constitucionales y legales, por los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Despolitizar la justicia para que sus operadores puedan actuar con verdadera independencia y autonomía frente al poder político. Brindar el presupuesto necesario para fortalecer la justicia en infraestructura y personal. Hacer las reformas correspondientes en algunos instrumentos legales como el Código Penal (cuya columna vertebral data del siglo XIX), Código Orgánico Procesal Penal (convertido en un verdadero Frankenstein después de 7 reformas) y otras leyes, entre otras medidas».