La organización no gubernamental Transparencia Venezuela recomendó la eliminación inmediata de nueve leyes promulgadas durante la última década en el país mediante su reporte del mes de abril, ante el impacto negativo de estas normativas sobre los derechos civiles y la economía nacional.
El estudio técnico analizó instrumentos como la Ley contra el Odio, la Ley Antibloqueo y la Ley Antisociedad, y concluyó que dichas legislaciones carecen de fundamento jurídico. El texto señaló que la Asamblea Nacional Constituyente y otros entes del Estado aprobaron estos mandatos sin cumplir los procesos constitucionales correspondientes, un factor que invalida su aplicación.
En este sentido, la investigación advirtió que el paquete normativo concentra poderes extraordinarios en el Poder Ejecutivo e incentiva la opacidad institucional. Las regulaciones vigentes permiten clasificar la información de los contratos públicos como reservada y evaden el escrutinio de los organismos de control fiscal, una situación que aumenta el riesgo de corrupción con los fondos estatales.
De igual manera, el documento destacó las graves consecuencias del marco legal sobre la operatividad del sector privado. Disposiciones tributarias como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y la contribución para las pensiones imponen altas cargas fiscales a las empresas sin considerar su verdadera capacidad económica, una política que provoca la reducción de sus estructuras comerciales o el cierre definitivo de sus operaciones.
Finalmente, la asociación civil enfatizó que la supresión de estos estatutos representa una medida viable y necesaria para recuperar el Estado de derecho. «La derogación de estas normas es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible e íntegra de Venezuela», recalcó Transparencia Venezuela, tras sugerir que un nuevo Parlamento con plenas garantías asuma la tarea de estructurar el ordenamiento legal.
