Familiares y abogados defensores denunciaron múltiples irregularidades procesales y la detención de la ciudadana María Virginia Camacho, quien permanece recluida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas desde el pasado 14 de enero.
La madre de la ciudadana procesada, Yelitza de Camacho, relató que su hija sufrió un secuestro el 27 de noviembre perpetrado por un sujeto identificado como Jonathan González en compañía de funcionarios policiales. Durante este hecho delictivo, los captores despojaron a la víctima de dinero en efectivo y un vehículo, por lo que la afectada presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para exigir justicia. «Yo quiero libertad plena para mi hija, que salga de esto porque ella no es culpable de nada», demandó la madre ante el periodista Vladimir Villegas.
A raíz de esta acusación, las autoridades solicitaron la comparecencia de la comerciante bajo el pretexto de una entrevista, momento en el cual los efectivos concretaron su arresto sin contar con una orden judicial previa. El abogado Javier Manaure precisó que el Tribunal 45 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Castellanos, convalidó la medida privativa a pesar de la ausencia de representantes fiscales. «Ella fue detenida arbitrariamente; fue una violación flagrante del debido proceso», argumentó el defensor.
Por otra parte, la representación legal alertó sobre una serie de acciones institucionales perjudiciales, las cuales derivaron en la retención de un vehículo propiedad de la madre y el bloqueo de sus cuentas bancarias asociadas a pagos de pensión. Además de estos hechos, los juristas informaron sobre la reciente captura de Pascual Bernardiducci, hermano de la detenida, de quien desconocen su paradero actual. Aunado a esta situación familiar, el abogado Edwar Moreno expuso graves episodios de amedrentamiento ocurridos en la sede judicial, donde un reo se acercó a la detenida para advertirle «que la iban a matar», denunció el profesional del derecho.
Frente a este escenario, el equipo jurídico acudió a diversas instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, para documentar las denuncias y buscar soluciones legales. La próxima revisión de la causa ocurrirá el lunes 13 durante una audiencia fijada en el tribunal de control correspondiente, espacio donde la defensa intentará revertir la medida judicial y garantizar el respeto a los derechos constitucionales de su cliente.
