José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, manifestó que los transportistas exigen públicamente una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y la recién designada ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría, para plantearles porqué deben ser ajustadas las tarifas y para exigirles la devolución de varias unidades que les han sido «expropiadas».

Las exigencias de los representantes del gremio de transporte público en Venezuela han sido una constante durante décadas; y en medio del mermado ingreso mínimo de la mayoría de la población estas se han vuelto más incisivas. Los profesionales del volante alegan que los costos operativos no les generan ganancias y que, según ellos, regalan el servicio por la devaluación del bolívar.

Este lunes 16 de marzo, Caracas amaneció con un paro de transporte que generó problemas a los usuarios para llegar a sus lugares de trabajo.

Dos días después el Gobierno respondió al oficializar el pasaje en 100 bolívares, dejando rezagada la exigencia de los choferes que piden anclar la tarifa al dólar: 0,50 centavos de la moneda americana porque el tipo de cambio oficial varia diariamente.

La Gaceta Oficial también ratifica el exhorto a los alcaldes para que velen por el cumplimiento de este monto, estableciendo además que el pasaje para estudiantes y adultos mayores debe mantener el subsidio correspondiente, aunque el gremio insiste en que el Estado no compensa adecuadamente estos descuentos.

En contacto telefónico con ND, Montoya destacó que la Central Única de Autos Libres y por Puesto solicita una audiencia a Delcy Rodríguez, y a la ministra de Transporte porque aseguró que se han apersonado ante los entes oficiales y no han sido atendidos.

En este sentido, condenó que se haya desestimado el paro del día lunes: «Dijeron que el paro no fue significativo, nosotros creemos que sí porque se cumplió en 90 %. Lastimosamente, los que salen perjudicados son los usuarios, pero nosotros tenemos que hacernos sentir porque la situación que vivimos es critica», sentenció.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez se pronunció sobre el paro de transporte en la Gran Caracas y lamentó que «desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas del país».

“Nosotros estamos para escuchar a todos los sectores, para escuchar sus aspiraciones, para escuchar sus problemas, pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas del país”, expresó en un video en redes sociales.

¿Qué dicen los usuarios?

Anderson Vargas vive en Propatria y labora en Parque Cristal. Para llegar a su oficina, debe tomar tres camionetas y explicó que no toma Metro debido a los retrasos y el tiempo que demoraría en trasladarse hasta el otro extremo de la ciudad. Como miles de caraqueños se encontró con la desagradable sorpresa de que no había transporte el lunes 16 de marzo.

«Me complicó todo el día porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Al llegar a la parada, vi a todo el mundo esperando y no pasaban camionetas. Con media hora que esperé ya era tarde», rechazó al destacar que no estipula gastos extras para el servicio de taxi desde la parroquia ubicada al oeste de la ciudad.

«Tuve que bajar caminando y tomar una moto que me cobró seis dólares. Además del estrés que me generó el hecho de llegar tarde», fustigó.

En un reclamo al sector transporte, alegó que los usuarios no tienen la culpa de la devaluación y de que el Gobierno no les ofrezca soluciones.

«Yo tengo 38 años y esto ha sido toda la vida. Nunca les alcanza para los cauchos, ni el aceite, ni para mantener las unidades, pero todos estamos en la misma situación. Creo que se trata de una manipulación porque quieren ganar más, cuando saben que todos ganamos muy poco y que usamos el transporte público por necesidad», sentenció.

Entre las principales iniciativas planteadas por el gremio, Montoya destacó la sustitución del subsidio indirecto por un bono de transporte mensual de entre 30 y 40 dólares, dirigido a estudiantes y adultos mayores, lo que permitiría que estos sectores paguen la tarifa completa sin afectar su capacidad económica.

Asimismo, exigen una solución definitiva a la crisis del suministro de combustible, con la eliminación del sistema de biopago y de la huella para el acceso a la gasolina.