La Asamblea Nacional (AN) publicó este viernes 27 de marzo la lista con los últimos postulados a fiscal general y defensor del pueblo en la prórroga que dio de 48 horas.

«Lista de ciudadanas y ciudadanos postulados a Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela (prórroga 48 horas)», publicó la AN en X. Se trata de: Joel Altuve Patiño, Luis Betancourt Zurita y Robinson Zapata Taborda.

Mientras que la lista de postulados a la Defensoría del Pueblo quedó conformada de esta forma:

Luis Álvarez Venegas

Marialbert Barrios

Fenando Bello

Jelitza Bravo

Luis Costantini

Eglée González Lobato

Carlos Granadillo

Javier Herrera

Juan Laya Peñaranda

Moisés Martínez

Gabriel Pérez Ramírez

Robinson Zapata

Doriani Rodríguez

Aleida Rojas

José Gregorio Silva

Edgardo Toro

Mario Vegas

Vladimir Villegas

Esta semana un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo en Venezuela.

Diferentes ONG reclamaron que el 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado «únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley».

Esta conformación «anula la pluralidad e independencia del proceso» y sugiere que la eventual designación de las nuevas autoridades «podría responder a lealtades políticas antes que a criterios de mérito profesional, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo», añadieron las ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado 25 de febrero de estos cargos, refiere SWI.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.