Un grupo de abogados venezolanos en el exilio pidió formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos abrir una investigación penal contra Nicolás Maduro por tortura, un delito que en la legislación estadounidense puede acarrear cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se demuestra que las víctimas fallecieron como consecuencia de esos abusos.

La solicitud fue introducida el 4 de enero, un día después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses. La presencia de Maduro en territorio norteamericano fue la condición necesaria para que activaran la jurisdicción prevista en el Estatuto Federal contra la Tortura.

«En Estados Unidos este principio solo se activa si el torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí», explicó el abogado Kelvi Zambrano, quien lidera la iniciativa junto a José Valderrama, Villcar Fernández y Julie Vanessa Siado.

La acción no se sumará al caso que ya cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Nicolás Maduro enfrenta cuatro casos por supuesto narcotráfico. Este es un caso distinto y más delicado.

«Procesalmente no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente. Esto requiere una nueva investigación y es el fiscal quien decide si la inicia. Tiene un margen de discrecionalidad muy amplio», afirmó el abogado Zambrano en conversación con TalCual.

Legalidad de solicitud por tortura contra Maduro

La base legal es el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2340A (18 U.S.C. § 2340A), incorporado en 1994 tras la ratificación de la Convención contra la Tortura. La norma establece: «Quienquiera que fuera de los Estados Unidos cometa o intente cometer tortura será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas, y si la muerte resulta de una conducta prohibida por esta subsección, será castigado con la muerte o encarcelado por cualquier período de años o de por vida».

Para Zambrano, el alcance es claro: «Si de los actos de tortura resulta la muerte de la víctima, la ley permite cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Nosotros estamos procurando que se aplique la máxima pena que establece el estatuto».

El abogado sostiene que en Venezuela, durante el gobierno de Maduro «muchas personas murieron bajo custodia del Estado como consecuencia de torturas», lo que, a su juicio, encajaría en el supuesto agravado previsto en la legislación estadounidense.

A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), donde la tortura debe probarse como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, en el sistema federal estadounidense solo hace falta un caso.

«Aquí no hace falta demostrar sistematicidad ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo color de ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar», especificó, recoge El Carabobeño.

La solicitud está respaldada por informes del Departamento de Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en Venezuela.