El Gobierno venezolano formalizó este martes 16 de diciembre una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) contra Estados Unidos por la incautación de un buque petrolero en el mar Caribe. La administración de Nicolás Maduro calificó la operación militar estadounidense como un acto de piratería y uso indebido de la fuerza en aguas internacionales, solicitando la atención del organismo multilateral sobre el incidente.
El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, entregó la carta oficial dirigida a Samuel Žbogar, presidente en turno del Consejo de Seguridad. La acción diplomática respondió a las instrucciones del canciller Yván Gil, quien difundió los detalles del reclamo y la postura del Ejecutivo nacional a través de su cuenta en Telegram.
La acusación se centró en los eventos ocurridos el pasado 10 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación privada. Según la versión oficial venezolana, el barco realizaba actividades de comercio lícito transportando crudo nacional cuando fue objeto de la interdicción fuera de las aguas jurisdiccionales de cualquier país.
“Denunciamos formalmente un grave acto de uso de la fuerza, secuestro y piratería patrocinado y cometido por los EEUU de Norteamérica el 10 de diciembre de 2025, en aguas internacionales del Caribe, contra un barco privado dedicado al comercio internacional lícito que transportaba petróleo venezolano”, declaró en la carta el canciller Gil.
Las autoridades venezolanas alertaron especialmente sobre la situación de los marineros que se encontraban a bordo de la nave al momento del abordaje. La cancillería expresó su preocupación por el paradero y la integridad física del personal, denunciando que no se tiene información clara sobre su ubicación actual tras el operativo.
“Sus tripulantes fueron secuestrados e incluso, a la fecha de hoy, permanecen desaparecidos”, dijo.
En la comunicación, el Estado venezolano reafirmó su potestad para negociar sus recursos energéticos en los mercados globales sin interferencias. La diplomacia de Caracas sostuvo que estas transacciones están amparadas por el derecho internacional y defendió la legitimidad de sus operaciones comerciales frente a las sanciones y bloqueos externos.
Finalmente, Venezuela reiteró que mantendrá el ejercicio de su derecho soberano e inalienable a comercializar sus recursos y exigió garantías para que ninguna operación legal sea objeto de robos o secuestros en el futuro.
