El juez Elmer Laura dictó detención preventiva por un lapso de cinco meses contra el expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, tras una audiencia virtual que se extendió por más de seis horas. La autoridad del Juzgado 12º de Instrucción Penal Anticorrupción ordenó el traslado del exmandatario al penal de San Pedro, al determinar la existencia de indicios de responsabilidad penal y riesgos procesales.
La investigación, según reseñó el diario El Deber, imputó a Arce por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Los cargos se relacionan con el presunto desvío irregular de recursos públicos ocurrido cuando el acusado ejercía como ministro de Economía y formaba parte del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
El magistrado fundamentó su decisión en el riesgo de obstaculización de la justicia. Aunque la defensa acreditó arraigo laboral y familiar, el juez consideró que estos elementos resultaron insuficientes para neutralizar el peligro de que el exmandatario interfiera en la averiguación de la verdad, dado su antiguo rango jerárquico.
Laura argumentó textualmente en su resolución: «El ahora imputado, por su condición de exministro y expresidente, mantiene una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales dependieron jerárquicamente de él o integraron directorios bajo su gestión».
El tribunal valoró que el caso reviste una alta complejidad debido a la cantidad de actores involucrados, incluidos exministros y exdirectores que aún deben testificar. Asimismo, se tomó en cuenta la facilidad de Arce para abandonar el país, dado su historial de viajes y la posibilidad de cruzar fronteras solo con su cédula de identidad.
La defensa intentó evitar la reclusión alegando problemas de salud oncológicos y la edad del imputado. Sin embargo, el juez desestimó los certificados médicos por corresponder al año 2017 y aclaró que Arce tiene 63 años, cifra inferior a los 65 requeridos por la norma para recibir beneficios procesales.
El fallo judicial subrayó la gravedad del daño económico al Estado, estimado provisionalmente en miles de millones de bolivianos. Con esta medida, Arce deberá permanecer recluido mientras el Ministerio Público avanza en las inspecciones y pericias del caso Fondo Indígena.
