Al cumplirse un año de la «detención ilegal» del argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresó su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional.
«La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas», suscribe comunicado conjunto entre varias instituciones del Gobierno de Javier Milei: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y el Ministerio de Seguridad.
Según el texto, consideran que la permanencia de Gallo en esta «inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional».
En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación.
Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-.
Por último, reiteran que seguirán acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesarán sus esfuerzos por su liberación.
Según han confirmado las autoridades argentinas, Gallo está recluido en la cárcel Rodeo I, ubicada en Guatire, estado Miranda.
