Mientras avanzan las averiguaciones para develar quién se esconde tras el ataque armado que sufrió el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche en Colombia, un reporte de El País analizó las implicaciones de este hecho en medio de la crisis política venezolana.

«Ambos fueron tiroteados por tres sicarios este lunes cuando salían de su residencia. Ahora se recuperan de sus heridas en la capital colombiana, a más de 500 kilómetros de la frontera. Como ellos, muchos otros defensores de derechos humanos, periodistas, testigos electorales, dirigentes políticos o estudiantiles se han asentado en Bogotá después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, y de las oleadas de represión que se han desatado desde entonces. El ataque ha revuelto sus peores temores», suscribe el texto del medio español.

A Peche le apuntaron a la cabeza, por lo que su reacción consistió en saltar al jardín de la entrada del edificio y proteger su cabeza con los brazos, detrás de materas. Desde ahí escuchó una veintena de detonaciones. Cuando se miró, estaba empapado en sangre. Escuchó entonces los gritos de Velásquez pidiendo ayuda, según relata un informe recién publicado por las organizaciones de derechos humanos venezolanas. Los vecinos los socorrieron para que pudieran ser trasladados a la clínica donde fueron atendidos. Peche recibió seis disparos, uno le rozó el abdomen y los demás impactaron en sus piernas, mientras que a Velásquez al menos ocho balas le dieron en la cadera, el brazo, el hombro, la rodilla, la vejiga y el estómago, por lo que ya ha sido sometido a dos operaciones.

Colombia, que comparte una porosa frontera de 2.200 kilómetros, es por mucho el principal país de acogida de la diáspora, con cerca de tres millones de ciudadanos del país vecino que han huido de la inflación, la escasez de alimentos y medicinas o la inseguridad en sucesivas oleadas en los últimos años. A ese flujo se ha sumado el de aquellos que escapan de la represión después de las elecciones.

La Alcaldía calcula unas 500 personas identificadas como perseguidos políticos solo en la capital. Ellos han denunciado con insistencia ante las autoridades que en las concentraciones de los exiliados siempre hay gente tomando fotos, vehículos que los siguen o llamadas de extorsión. “Hay una desconfianza estructural” con respecto al Gobierno colombiano, apuntan fuentes que han trabajado de la mano de los migrantes.

“Es revivir muchas cosas. Sentir que todo está pasando otra vez. No poder salir a un parque. Caminar mirando para atrás. Esperar el mensaje. Reportarse cada hora”, valora Angélica Ángel, una líder universitaria de Mérida que se vio obligada a refugiarse en Bogotá después de ser hostigada por su activismo tanto para defender los votos –la oposición recopiló las actas que demuestran el triunfo de Edmundo González– como a los detenidos por el Gobierno de Maduro en la represión de las protestas poselectorales. “Nosotros como refugiados tenemos temor fundado para desconfiar del Estado colombiano”, apunta. “Pensábamos que aquí estábamos seguros”, como nunca se sintió en Venezuela, se lamenta. “El silencio nunca te protege, eso es algo que nos enseñó Venezuela”.