El dirigente de Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, elevó su «voz de protesta» este lunes 6 de octubre contra una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, según afirmó, deja sin protección a más de 300.000 venezolanos, considerando la medida como una «incoherencia moral» y una «herida directa a la dignidad humana».
Ecarri cuestionó la consistencia de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. «¿Es coherente? ¿Sancionas, bombardeas pequeños botes y también persigues a los que huyen?», inquirió en su mensaje en X, al argumentar que no se debe perseguir a las víctimas de un conflicto, sino acogerlas.
Desde el punto de vista legal, el dirigente destacó el «voto salvado» de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien «advirtió del daño irreparable de esta decisión». Ecarri sostuvo que el fallo no es un «tecnicismo», sino una medida que deja a miles de familias «en el aire, sin país ni protección».
El político recordó el pasado de Venezuela como país receptor de migrantes. «Los venezolanos, la nación de acogida de miles de refugiados durante el siglo XX, jamás imaginamos que nuestra solidaridad no fuese retribuida en países que se proclaman de ‘libertad'», expresó.
Identificándose como un «hombre de centro, de convicciones cristianas», basó parte de su crítica en un mandato moral. «‘Fui forastero y me recogisteis’ (Mt 25,35) no es poesía; es mandato», afirmó, y criticó a los miembros del gobierno estadounidense que se proclaman cristianos por «cerrar la puerta al que huye».
Ecarri envió un mensaje a la comunidad venezolana en Estados Unidos, asegurando que no están solos y defendiendo su imagen. «El que haya cometido delito que pague por lo que hace, pero no se puede condenar a toda una comunidad por el abuso de una pírrica minoría», aseveró.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y al pueblo de Estados Unidos, pidiendo «reconsiderar, legislar y administrar justicia con misericordia». Calificó el asunto como un «examen de humanidad» y les recordó que muchos de ellos son descendientes de migrantes.
La situación de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos es un tema central en el debate político de ese país. Diversos estatus de protección temporal, como el TPS, han amparado a cientos de miles de personas, pero su continuidad y alcance son objeto de constantes revisiones legales y decisiones políticas.
