El Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó formalmente este martes 7 de octubre al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio por las presuntas agresiones, amenazas y hostigamientos cometidos por «colectivos» contra familiares y activistas. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 5 de octubre durante una misa dedicada a los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Capilla San Antonio, de la avenida San Martín en Caracas.

En un comunicado publicado en X, la organización detalló que el evento religioso fue interrumpido desde su inicio por un grupo de al menos 10 personas con consignas oficialistas que profirieron amenazas y agresiones físicas y verbales. El comité calificó los hechos como una «grave violación a la libertad de culto y al derecho a la reunión pacífica».

La denuncia también describe que, durante la eucaristía, tres mujeres, presuntamente «funcionarias de inteligencia infiltradas», grabaron y fotografiaron a los asistentes. Al finalizar, según el texto, los agresores iniciales, acompañados por unos 20 motorizados sin placas, continuaron el hostigamiento en la Plaza Italia, afectando a niños y personas mayores que se retiraban del lugar. Periodistas que cubrían la actividad también habrían sido intimidados.

El comité afirmó que existen pruebas audiovisuales de los hechos, las cuales «han sido grabadas y ampliamente difundidas en redes sociales». Sostienen que estas grabaciones constituyen evidencia suficiente para que la fiscalía actúe sin necesidad de una denuncia formal, como lo establecen la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.

La organización recordó que este «no es un hecho aislado» y citó una agresión similar ocurrida el pasado 5 de agosto contra madres de detenidos frente al Tribunal Supremo de Justicia, caso que, aseguran, permanece impune.

Entre sus exigencias concretas, el comité pide una «investigación penal de oficio inmediata» que identifique a los responsables, medidas de protección para las víctimas y garantías de que estos hechos no se repitan.

Finalmente, hicieron un llamado a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que documenten el suceso, el cual consideran parte de un «patrón ya documentado de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela».