El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este miércoles 10 de septiembre que los presos políticos recluidos en calabozos policiales de varias ciudades de Venezuela enfrentan supuestas condiciones inhumanas y violaciones constantes de sus derechos humanos. Los familiares, que persisten en exigir su liberación, denuncian aislamiento, hacinamiento y falta de acceso a visitas, atención médica y agua potable.

Según el OVP, muchos de estos detenidos, arrestados durante las manifestaciones poselectorales de hace más de un año, enfrentan cargos como terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria e instigación al odio. A diferencia de los presos en cárceles como Tocorón, los recluidos en comisarías suelen estar solos en cada centro, lo que los expone a un control total de los funcionarios, mayor aislamiento y vigilancia constante.

Las condiciones de reclusión son críticas. Los presos políticos comparten celdas con reclusos comunes, enfrentan hacinamiento y carecen de baños adecuados, lo que los obliga a defecar en bolsas y orinar en botellas. Duermen en colchonetas en el suelo o en hamacas improvisadas con sábanas. Estas condiciones han generado enfermedades de la piel, problemas respiratorios y otras afecciones, sin acceso a revisiones médicas ni agua potable.

Los familiares enfrentan obstáculos para visitar a los detenidos. En algunos casos, solo se permiten visitas de cinco minutos semanales, y en otros, deben pagar en divisas para acceder a este derecho. Además, denuncian hostigamiento y fichajes por parte de los funcionarios. El OVP reporta que las familias temen represalias, como castigos o torturas, lo que limita las denuncias públicas.

El acceso a la justicia también es precario. Las audiencias, muchas veces telemáticas, son frecuentemente diferidas por la ausencia de los detenidos, quienes dependen de traslados que los funcionarios justifican no realizar por falta de vehículos o recursos. Los familiares relatan que, en ocasiones, se les exige costear gasolina, baterías o cauchos para facilitar estos movimientos, pero aun así no se garantiza la presencia de los presos en las audiencias.

El OVP afirmó que monitorean «de manera permanente estas situaciones que atentan contra los derechos humanos de los detenidos, las documentamos y las hacemos llegar a las instancias internacionales».