La Cancillería de la República manifestó su rechazo a un comunicado emitido por Noruega en el que se denunció un aumento de las «desapariciones forzadas» en el país, acusando a la nación europea de emplear “argumentos forzados y manipulados” para atacar la democracia venezolana.

“Desde Venezuela rechazamos de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega que, en contra de la opinión de su propio pueblo, se suma a la amenaza contra nuestra soberanía”, expresó el canciller Yván Gil a través de su cuenta en Telegram. Añadió que la postura noruega constituye un “intervencionismo ilegal e inmoral en la vida interna de una democracia fuerte y participativa” como, sostuvo, es la venezolana.

Gil vinculó también la declaración de Oslo con lo que calificó como un “intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes”, en referencia a la reciente propuesta de Estados Unidos de desplegar buques cerca del país bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega expresó su preocupación por “las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor de las elecciones presidenciales de julio de 2024”. El pronunciamiento coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

“Nos alarma el aumento del uso de desapariciones forzadas, los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado y los homicidios ilícitos, entre otras violaciones”, señaló la Cancillería noruega.

El comunicado instó además al Ejecutivo venezolano a cumplir con el derecho internacional para “prevenir daños irreparables a las víctimas”, subrayando que “el uso creciente de la desaparición forzada como arma para silenciar a los miembros de la oposición, a aquellos percibidos como tales, activistas prodemocracia y defensores de derechos humanos es inaceptable. La violencia política debe cesar inmediatamente y el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica debe ser respetado”.