El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, hizo pública su petición de separarse de la investigación Venezuela I sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al menos desde 2014.

Con esto, el fiscal Khan somete a la presidencia de la CPI, compuesta por las juezas Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Reine Alapini-Gansou, que acepten su solicitud y procedan a dispensarlo del caso, según lo establecido en el artículo 46, numeral 2, del Estatuto de Roma.

El propio Karim Khan indicó en su solicitud a la Presidencia de la CPI que se «asegurará de no tener ninguna participación continua en la situación de Venezuela I, ni acceso a ningún expediente confidencial presentado ni a ninguna decisión emitida. No participará en modo alguno en la investigación ni en la labor legal de la situación».

Calixto Ávila, experto en derechos humanos y representante de Provea en Europa, señala que la investigación Venezuela I seguirá a cargo del fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien está al frente desde el pasado 16 de mayo. Esto debido a una licencia voluntaria tomada por Khan hasta que concluya la investigación en su contra por presuntos actos de acoso sexual contra una colega.

«Si como resultado de esta investigación, el fiscal es exculpado de las acusaciones de acoso sexual y vuelve a asumir sus funciones, de todas maneras, no podrá continuar conociendo más de la Situación Venezuela I, que continuará a cargo del fiscal adjunto», afirma el experto de Provea.

Para Ávila, con estas actuaciones la Corte Penal Internacional demuestra su integridad, reseña TalCual.

«Da una muestra de solidez y de independencia. Por un lado muestra que un juez o un fiscal que tengan antecedentes que comprometan su imparcialidad y su conciencia puede generar un procedimiento que lo lleve a apartarlo de las investigaciones en las que se pueda ver comprometido. En segundo lugar muestra cómo la CPI cuenta con mecanismos que velan por su propia integridad», afirma.

También comenta que la actitud del fiscal Khan en este caso ha sido institucional, pues aunque no comparte la decisión de los jueces, decidió retirarse.

El experto de Provea recuerda que la imparcialidad del fiscal había sido cuestionada por una ONG, debido a las actuaciones de su cuñada –la abogada Venkateswari Alagendra– dentro del equipo que abogó por los intereses del Estado venezolano en el caso.

La Sala de Apelaciones, en una decisión publicada el pasado 1° de agosto, consideró que había «motivos razonables para creer» que la conciencia e imparcialidad del fiscal sí estaba comprometida, por lo que otorgaron un lapso de tres semanas para comunicar su parecer.

Por otra parte, el propio fiscal adjunto –tras una reunión con Delcy Rodríguez– ratificó su compromiso en avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.