La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este martes 12 de agosto la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante una acción de Habeas Corpus presentada hace 90 días a favor del activista Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo en Caracas.
Según la organización, la Sala Constitucional no ha realizado ninguna diligencia para verificar las condiciones físicas y psíquicas del defensor de derechos humanos. Provea destacó que la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal establece un plazo máximo de 96 horas para tramitar una acción de Habeas Corpus, un mandato que los magistrados del TSJ han incumplido.
“Los magistrados de la Sala Constitucional violan lo dispuesto en esta Ley aprobada en 2021 y prolongan la situación de riesgo para la integridad personal de Eduardo Torres”, afirmó la organización en un comunicado publicado en su cuenta de X.
La ONG señaló que los familiares de Torres fueron informados días después de su detención que el activista se encontraba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, un centro señalado como “epicentro de la tortura en Venezuela”. Sin embargo, ni los familiares ni los abogados de confianza han podido visitarlo para constatar su estado de salud o las condiciones de su reclusión, lo que mantiene a Torres en una situación de alto riesgo.
Además, Provea denunció que la inacción del TSJ también contraviene el artículo 27 de la Constitución, que obliga a los jueces a actuar con prontitud, y la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura, que exige medidas preventivas ante riesgos de tratos crueles. “Es obligación de los jueces y magistrados adoptar medidas para proteger a las personas detenidas de forma arbitraria”, subrayó la organización, destacando la angustia que enfrentan los familiares de Torres debido a la incertidumbre.
