La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este miércoles 27 de agosto, con 86 votos, la derogación del Estatuto Migratorio suscrito con Venezuela en 2010, que establecía un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencia de ciudadanos de ambos países.

La decisión, según el medio local El Universo, se adoptó tras el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, cuya presidenta, Lucía Jaramillo (ADN), explicó que la medida no implica un cierre para la migración venezolana, sino la aplicación de los mismos requisitos que rigen para cualquier extranjero en el país. “Nadie pierde derechos, pero el Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos”, indicó.

Jaramillo recordó que la Corte Constitucional, en un dictamen emitido el 10 de julio de 2025, concluyó que la denuncia del Tratado no afecta el derecho a la movilidad, ya que este se encuentra garantizado en la Constitución ecuatoriana. Según la legisladora, más de 150.000 ciudadanos venezolanos se beneficiaron del estatuto desde su firma, accediendo a procesos de regularización acompañados de servicios de salud y educación.

Durante el debate, Jaramillo señaló que “hoy damos un paso firme hacia la denuncia y salida de este estatuto entre Ecuador y Venezuela que fue firmado en el 2010 en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hoy este estatuto ya no cumple con el objetivo principal y representa una carga económica para los ecuatorianos”.

La asambleísta también destacó que los derechos fundamentales de los migrantes siguen protegidos. “Bienvenida la gente de bien, pero cerrada la puerta a quienes usan la migración como excusa para venir a delinquir a nuestro país. Solidaridad siempre, pero jamás, jamás complicidad con gobiernos que pisotean la libertad”, agregó.

Por su parte, Ricardo Patiño, legislador de la bancada Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que el estatuto debió mantenerse por sus beneficios recíprocos. “Nos parece que no es lo mejor, lo mejor es que se establezcan acuerdos entre los países para atender a los conciudadanos que están en ambos lugares”, señaló. Sin embargo, admitió que el gobierno tiene la potestad soberana de denunciar el acuerdo y que la crisis migratoria requiere respuestas.

Con la decisión, los venezolanos que deseen regularizar su permanencia en Ecuador deberán cumplir los requisitos generales de la normativa migratoria vigente.