La policía británica detuvo en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López por orden de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción por delitos presuntamente cometidos en España, según dijeron a EL PERIÓDICO fuentes del caso; pero fue liberado horas después.
Betancourt es cofundador de la firma Derwick Associates Corp.
Según un informe de Asuntos Internos de la Policía incluido en el caso Caranjuez que se investiga en un juzgado de Madrid, Betancourt fue vinculado con «múltiples casos de corrupción en Venezuela y Estados Unidos», recuerdan los agentes de Asuntos Internos, que destacaban que en esta causa no estaba imputado.
En el citado informe policial se explica que un abogado español ingresó 500.000 euros por servicios prestados a Alejandro Betancourt.
«Los fondos fueron destinados a la compra de al menos un vehículo y joyas y a cuentas bancarias titularizadas por el mismo, sus sociedades, o terceras empresas en las que tenía intereses», concluyen.
El letrado justificó de forma documental este ingreso con una factura de 4 de mayo de 2015 cuyo concepto decía: «Honorarios profesionales por Consultoría y Asesoramiento en la dimensión de Medios de Comunicación Social. Según Hoja de Encargo Profesional Asto. L.A Betacourt».
Dicha hoja profesional fue realizada según la Policía el 15 de abril de 2015 por Betancourt López.
A un mes de la fuga de su socio
La detención de Betancourt ocurre menos de 1 mes después de que su socio y primo, el empresario Francisco Convit, quien también es investigado por la misma trama de corrupción, se escapó del Sebin de Plaza Venezuela y estaría en Estados Unidos, según fuentes de El Pitazo.
Según los documentos de la corte, Convit y Betancourt recibieron $272,5 millones del esquema de corrupción, que distribuyeron parte de ese total a quien luego se convirtió en el testigo estrella del caso federal.
Betancourt y Convit forman parte de los denominados «bolichicos», que sin experiencia en el tema eléctrico fundaron Derwick Associates hace una década y obtuvieron miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica.
La empresa fue acusada de haber recibido el pago de abultados sobreprecios.
