El alcalde de Minas de Corrales, José Washington Tixe González, se suicidó en la cárcel en la que estaba preso imputado por varios delitos de explotación sexual. El ex funcionario tenía 71 años y había ejercido el cargo hasta que fue detenido en la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera.

Minas de Corrales está en Rivera, un departamento al norte del país y limítrofe con Brasil. Según el censo 2023, la población allí es de 3.642 habitantes. La localidad está a 95 kilómetros de la capital departamental y a 455 de Montevideo.

La fiscal que investigaba su caso, Alejandra Domínguez, confirmó el suicidio de González al diario El País. Según detalló, la defensa del imputado había solicitado que la medida cautelar fuera sustituida por la prisión domiciliaria. Sin embargo, la Justicia determinó que permaneciera en prisión a la espera del juicio

La medida cautelar que recaía sobre él vencía el próximo 27 de agosto, pero la Fiscalía tenía pensado pedir una prórroga para que el imputado siguiera en prisión mientras avanzaba la investigación.

Después de ser detenido, el alcalde presentó el historial médico para justificar que no podía ir a prisión por razones de salud. Pero la Justicia ratificó la decisión inicial y lo envió a la cárcel de Rivera (la capital del departamento).

González fue detenido junto a otras seis personas por contribución a la explotación sexual, en su mayoría por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para ejecutar actos de índole sexual o eróticos y también por delitos de abuso sexual especialmente agravados, reseña Alberto News.

La localidad se vio sacudida por la detención de estas personas, en particular por el arresto del alcalde, que pertenecía al histórico Partido Colorado. Esta colectividad política se hace fuerte en Rivera. De hecho, es el único departamento (provincia) de Uruguay que gobierna. González era parte del mismo espacio del intendente Richard Sánder.

Después de la detención, el Partido Colorado suspendió a González de los registros de afiliación del partido. Además, expresó en un comunicado su “más enérgico repudio” ante las conductas que atentan contra “la legalidad, la moral pública y, especialmente, contra los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

“La política no puede ni debe ser refugio de quienes abusan de su poder. Por el contrario, debe ser un compromiso con la transparencia de vida, la honestidad y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales. Confiamos que la Justicia actuará con firmeza, celeridad y sin privilegios, y que las víctimas recibirán la atención, protección y acompañamiento que se merecen”, decía la publicación de los colorados al momento de la detención.