El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes 21 de julio su informe anual 2024 titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.
En 2024 el OVP registró que unas 149 personas murieron bajo custodia del gobierno venezolano: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud), 40 en calabozos policiales y 4 presos políticos. A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.
«La mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática. Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios», según se lee en su página web.
La ONG advierte que en los calabozos policiales «las condiciones son igualmente críticas»: 23 de las 40 muertes allí registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida. En tanto, durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en centros de detención policial.
El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. «Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno. El OVP documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González».
Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015. Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión.
«La cárcel de El Rodeo I es otro de los recintos que usan para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado», indica la organización.
«En todos los años que tengo trabajando en materia de DD. HH., jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Humberto Prado, director del OVP, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.
«Uno de los elementos más graves del informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes durante la represión postelectoral». El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.
